Tiene razón el senador Quintana, cuando afirma que la militarización de los territorios, históricamente Mapuche, comenzaron con los gobiernos de la ex concertación.
Eso es un hecho. Y lo avalan, entre otras cosas, dos informes de relatores especiales de la ONU que condenaron al Estado chileno por criminalizar y judicializar las demandas de un Pueblo Originario que, bajo los estándares del Derecho Internacional, está en la razón.
Tras el golpe, el Pueblo Mapuche fue víctima de una represión y persecución brutal. Una suerte de vendetta por lo que había logrado, especialmente, bajo el gobierno del Presidente Salvador Allende.
Al comenzar los gobiernos civiles, el proceso de control de tierras por parte de grandes empresas forestales, y la invasión de nuevos proyectos mega económicos y energéticos, incluido el control hegemónico de los ríos y del agua, acorralaron más a las comunidades y sus ya reducidos territorios.
Lamentablemente, esa tendencia no ha cambiado, y sólo un plan de devolución de tierras; el proceso constituyente en el que participaron cerca de veinte mil Mapuche; y un diálogo con los poderes del Estado, había logrado generar espacios de confianza. Esto ocurrió en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Sin embargo, la aplicación de la ley antiterrorista (bajo ese mismo gobierno); el plan Huracán, y la actual embestida estratégica del gobierno de derecha, en todos los planos, ha hecho retroceder la situación a uno de los peores momentos, desde la década de los noventa del siglo pasado.
Hay algo relativamente nuevo: Y es que es un hecho que la ciudadanía chilena, mayoritaria y explícitamente, condena el asesinato del joven Mapuche y respalda las demandas históricas de su pueblo. Las manifestaciones en todo el país, y en el extranjero, que no se detienen, muestran esa realidad.
Al evidente montaje por parte de Carabineros, se une la terca y violenta determinación del gobierno de reafirmar en toda la línea su política de militarización y dominación territorial, para abrir paso a grandes negocios económicos.
Se trata de una tensión que continuará, y demanda a las fuerzas sociales y políticas que están por la superación del sistema neoliberal y sus realizaciones concretas, actuar con mayor premura e intensidad en plena coordinación con el Pueblo Mapuche, que en estos días también está actuando con una unidad que no se había explicitado en décadas.
En otro plano, el gobierno profundiza su ofensiva que, en los hechos, da la espalda a los principales planteamientos que formuló en la campaña presidencial y que un segmento de personas creyeron, por lo cual votaron por Piñera: Políticas para generar mayor empleo; reducción del trabajo precario; respeto a las leyes laborales aprobadas como tales; inversión para generar nuevos empleos, significativamente.
Lo que ocurre, en la realidad, es que se ha lanzado una fuerte ofensiva en contra del sector público, para reducir sus derechos y achicar sus fuentes ocupacionales; se han limitado inversiones y planes estatales dirigidos hacia la mediana y pequeña empresa (lo que redunda directamente en el empleo); se anuncia una reforma tributaria que regala miles de millones de pesos a muy grandes empresarios de todos los rubros; se informa que la “reforma” previsional mantendrá la estructura de negocio actual, y que eventualmente en décadas se podría subir las pensiones bajo la línea de la pobreza y, derechamente, de la miseria con la que hoy perviven millones de familias y personas de la tercera edad; se acomete en contra del mundo laboral para desestabilizar algunas de las reformas conquistadas, e instalar nuevas formas de precarización y reducción salarial, mientras se anuncia que se “estudia” la reducción de los años para los tramos de servicio.
A lo menos dos instituciones de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública se encuentran en una muy severa crisis: Ejército y Carabineros.
En ambas situaciones hay hechos de corrupción de inmensa dimensión, que son innegables.
En Carabineros, y ahora en el Ejército, surgen asuntos que vinculan a personal de servicio activo y del cuadro permanente, con venta de armas a bandas de narcotraficantes. En el caso de la institución policial, además, hay procesos en curso que vinculan a funcionarios con el blindaje y resguardo de bandas delictuales en algunas comunas.
El matonaje y represión que Carabineros está aplicando en procedimientos cotidianos, como vendedoras y vendedores ambulantes; estudiantes secundarios y universitarios; manifestantes que se pronuncian por diversas causas, es la contraparte de un accionar que muestra la ineficacia ya permanente de la policía militarizada chilena para combatir a la delincuencia armada; a los asaltos; los portonazos; el mismo narcotráfico armado.
En el caso del Ejército, es muy evidente que hay una arremetida dura y fuerte de los sectores pinochetistas que existen al interior de sus filas, y que lo explicitan sin eufemismos, por ejercer dominio total sobre la dirección de la institución. Son los mismos sectores que demandan terminar con las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la dictadura de Pinochet, en la cual son protagonistas, en su mayoría, oficiales y suboficiales de su cuadro permanente. Son los mismos que presionan y exigen liberar a los criminales de lesa humanidad encarcelados en Punta Peuco….son los mismos que hablan de que en el Ejército hoy “no hay liderazgo institucional”, y que las Fuerzas Armadas no son defendidas ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por el gobierno.
Se trata de imponer, así, una definitiva muralla que impida nuevos esfuerzos por romper con los pactos de silencio; con esfuerzos del Estado y la sociedad civil, para saber en dónde están y cómo fueron hechos desaparecer centenares y centenares de personas en esa condición, actualmente.
Esta situación incluye, por cierto, el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.
En definitiva, una reivindicación política e histórica, para tiempos presentes y futuros, de la doctrina de la seguridad interior del estado, que elevó a la categoría de enemigos internos a personas que, individual o colectivamente, pensaban diferente a la dictadura y su sector político: la derecha; y lucharon en contra de ese poder totalitario que aplicó el terrorismo de estado en Chile, por años. Y por tanto debían ser reprimidos, y exterminados.
También en este contexto se han levantado múltiples voces populares, democráticas y políticas, que exigen ahora iniciar un profundo proceso de democratización y control democrático de las instituciones armadas y de Carabineros. Ciertamente, esta línea de acción va al tema de fondo, y necesariamente debe despejar las posiciones de quienes, por defender una fatigada, consensuada y muy limitada transición, optaron por armonizar posturas de fuerzas y de poder con quienes hoy, institucionalmente, con hechos, son parte de la crisis en las filas de estas mismas instituciones. Que tampoco es algo nuevo, porque viene de años, y atraviesa varios gobiernos civiles.
Por Juan andrés Lagos
Periodista
Miembro de la Comisión Política
Partido Comunista de Chile
Santiago de Chile, 26 de noviembre 2018
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