Frente a las recientes declaraciones del Ministro de Justicia Hernán Larraín, que califica de “grave” la acusación constitucional formulada contra tres ministros de la Corte Suprema por notable abandono de deberes, los abajo firmantes expresamos lo siguiente:
El ministro Larraín desconoce la independencia del Congreso Nacional y pretende ejercer una presión indebida en contra de los parlamentarios que tienen que resolver la acusación constitucional.
Debemos recordar que la acusación constitucional es una herramienta que prevé el Estado de Derecho. Tal es así que el actual Presidente de la República concurrió como senador con su voto a la destitución de un ministro de la Corte Suprema.
La acusación constitucional es la justa respuesta a una demanda que nace desde las propias agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura, frente al otorgamiento de libertades condicionales a responsables de violaciones de DD.HH., desconociendo abiertamente el derecho internacional – que obliga a todos los órganos del Estado, incluido el Gobierno y el Poder Judicial- y facilitando la impunidad.
Rechazamos que el Ministro de Justicia, una vez más, tome posición por la impunidad de los victimarios.
Firman:
-Lorena Pizarro, presidenta Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
-Alicia Lira, presidenta Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
-Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos
-Ricardo Celis, jefe de Bancada PPD
-Tucapel Jiménez, diputado PPD
-Manuel Monsalve, jefe de Bancada PS
-Jaime Naranjo, diputado PS
-Daniel Núñez, jefe de Bancada PC
-Carmen Hertz, diputada PC
-Marcela Hernando, diputada PR
-Cosme Mellado, diputado PR
-Alejandra Sepúlveda, diputada FRVS
-Tomás Hirsch, diputado PH
-Diego Ibáñez, diputado MA
-Miguel Crispi, diputado RD
Santiago de Chile, 25 de agosto 2018
Crónica Digital
