Nicaragua, se vive una situación de protestas generalizadas, iniciadas pacíficamente, por parte de estudiantes universitarios, motivados por la reforma a la Ley de Seguridad Social.
Pese a la derogación de la reforma, estos episodios derivaron, en corto tiempo, en actos violentos, donde han participado grupos políticos de oposición junto a población y bandas delincuenciales. Este escenario ha puesto en grave riesgo la estabilidad y existencia del Estado, pero sobre todo, la vida, la paz y seguridad del pueblo nicaragüense, sus instituciones y logros.
La intempestiva y dramática situación nos sorprende en un período de progreso, refrendado por el reconocimiento de Nicaragua, a nivel internacional, como una pujante democracia. Cifras e indicadores así lo demuestran, un crecimiento económico cercano al 4.8% según el Banco Central de Nicaragua, los mejores Indicadores de seguridad humana de la región, según el PNUD, y la declaración reciente de INTERPOL, que el país, era un muro de contención en contra del crimen organizado y el narcotráfico.
Hoy, a pocas semanas de las primeras protestas, tenemos tranques que obstaculizan la libre circulación y el derecho al trabajo. Por su parte, las redes sociales se han copado de mensajes manipulados y gráficos que llaman a la insubordinación y al odio, además de medios de televisión y radiales que hacen ecos de estos llamados.
Como respuesta a la situación, el Gobierno ha tomado medidas conducentes a terminar con este sombrío escenario que afecta gravemente a nuestro pueblo e institucionalidad.
Se instaló una mesa de Diálogo Nacional, solicitada por el Cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y con el seguimiento del Papa Francisco, la que está constituida por el Gobierno, estudiantes, sociedad civil, trabajadores y empresarios, cuyos objetivos son encontrar Verdad y Justicia, en todos los casos denunciados y conformar la agenda, solicitada por la oposición, hacia las reformas institucionales en general y el sistema electoral. El Diálogo Nacional se encuentra detenido después de cuatro sesiones improductivas en acuerdos para la solución del fondo del asunto.
El Gobierno, también autorizó la visita de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), con el ánimo de buscar soluciones a este conflicto. En su reporte del 21 de mayo se consignan 78 personas muertas; 868 heridos y 438 personas detenidas. A esa fecha solamente quedaban dos personas en prisión preventiva.
Entre los muertos hay estudiantes, policías, empleados gubernamentales (que concurrieron a la defensa de instituciones públicas), propietarios de negocios asaltados, periodistas, ciudadanos que no participaban de las protestas y delincuentes saqueadores.
El 30 de mayo en honor al Día de la Madre en Nicaragua, el Gobierno y la Oposición organizaron dos grandes concentraciones en la capital, el saldo de muertos y heridos al final del día fue realmente conmovedor: 15 fallecidos y 178 lesionados.
A pesar del llamamiento a la paz por parte del Ejecutivo persisten las tomas en algunas Universidades, los habitantes más próximos se ven sometidos a la violencia y a enfrentamientos armados, además de quemas y saqueos a instituciones públicas y privadas al igual que amenazas sobre medios de comunicación privados.
El día 30 de mayo el Gobierno firmó, con la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un Acuerdo para apoyar la investigación de los hechos de violencia acaecidos en el periodo del 18 de abril hasta la fecha, y aceptó dar cumplimiento a las recomendaciones del informe de la CIDH.
Además, ha hecho un llamado a retomar urgentemente la Mesa de Diálogo, a la Iglesia a seguir actuando como mediadora,solicitándole que cumpla a cabalidad el mandato de ser puente y árbitro en esta crisis.
Los llamamientos de algunos sacerdotes y obispos a la insubordinación violenta y a la ruptura del orden constitucional, no contribuyen al cumplimiento del llamado del Papa Francisco.
El 31 de mayo el Gobierno con la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), emitieron un Comunicado Conjunto, manifestando que, en el marco de los trabajos en curso, una de las áreas prioritarias que han venido trabajando es en la reforma del sistema electoral y en generar los mecanismos necesarios en este sentido, seguido de esto se confirmó la renuncia del Presidente del Consejo Supremo Electoral, Dr. Roberto Rivas.
La convivencia nacional y el futuro de la nación están en riesgo, la solución del conflicto requiere del compromiso de buena fe de todas las partes, Nicaragua ha pasado por otras crisis políticas y sociales encontrando la solución y la paz.
Es la hora del apoyo también de la comunidad internacional para coadyuvar a la solución pacífica del conflicto a través del Diálogo y la defensa del Estado de derecho.
Santiago de Chile, 21 de junio 2018
Crónica Digital
