El estudio del bufete estadounidense, realizado durante seis meses por encargo oficial del pequeño país y basado en numerosas fuentes, acusa a Francia de suministrar armamento de guerra y formación técnica a las fuerzas ruandesas, cuya preparación contribuyó al exterminio de la minoría tutsi.
Según la investigación, que agravó el creciente diferendo entre el país europeo y el de África oriental, cuyo presidente, Paul Kagame, retiró días atrás a su embajador en París, los involucrados pertenecían al gobierno del entonces presidente François Mitterrand y facilitaron también protección a los autores de las masacres.
Cunningham Levy Muse presentó pruebas para demostrar la presunta complicidad gala antes, durante y después del holocausto, protagonizado por extremistas de la etnia hutu contra la tutsi y grupos hutus moderados, durante el que la mayoría de los afectados fueron víctimas de ataques a machetazos.
‘Los oficiales franceses eran conscientes y ayudaron a las acciones y objetivos del Gobierno (ruandés) de Juvenal Habyarimana y de los criminales que se hicieron con el poder en el inicio del genocidio contra los tutsi’ en el llamado País de las Mil Colinas, destaca el informe de Cunningham Levy Muse.
El bufete estadounidense argumentó también acciones de protección gala a sospechosos del crimen masivo y de obstrucción a los intentos para llevarlos a juicio, además de que Kigali siempre alegó la negativa de Francia para facilitar gran parte del material documental de la época en su poder, entre ella archivos clasificados.
La ministra de relaciones exteriores de Ruanda, Louise Mushikiwabo, opinó que el documento ‘pone al desnudo la conducta de funcionarios franceses’ durante los años 90′ en que ocurrieron los crímenes, mientras que la Cancillería francesa admitió ‘tomar nota’ sobre el informe de la firma legal.
El gobierno de Kigali solicitó al galo en 2016 una autorización para interrogar a 22 oficiales franceses implicados en los hechos de 1994 en el país africano y nunca recibió una respuesta, subrayó la titular.
París oficializó en un comunicado su compromiso de ‘perseguir por la vía judicial a quienes participaron’ en las masacres ruandesas, y recordó que la justicia francesa condenó ya antes a varias personas y estudia otros casos, aunque, de hacer esto último, tendría que empezar por cientos de ruandeses involucrados en el crimen, residentes en Francia y prófugos de la justicia.
Ruanda publicó en 2016 una lista de altos oficiales franceses acusados de cooperar en la planificación y ejecución del genocidio, entre los que figuraba el general Jacques Lanxade, jefe del Estado Mayor galo entre abril de 1991 y septiembre de 1995 en que ocurrió aquel episodio, uno de los más violentos de la región de los Grandes Lagos.
El gobierno de Kigali declaró en noviembre de ese año que dedicaría sus esfuerzos a ‘investigar a fondo la responsabilidad de los funcionarios franceses con respecto al genocidio’, lo cual ya desde entonces enfrió aún más los vínculos bilaterales.
Las masacres de 1994 despertaron también críticas sobre una insuficiente gestión de la ONU respecto a la crisis, un escándalo que comprometió desde entonces a Francia e, incluso, a Estados Unidos, cuyo gobierno salió ileso, al parecer por sus ulteriores negociaciones con el gobierno del actual presidente, Paul Kagamé.
Medios desde París informaron que investigadores locales reabrieron el caso de un avión con tripulación francesa derribado por un misil sobre la capital de Ruanda, en el que murió el entonces presidente del país, Juvenal Habyarimana, de origen hutu, y el de Burundi, Cyprien Ntaryamira.
Aquel doble magnicidio, sobre el que líderes hutu culparon a la minoría tutsi, fue el detonante de la enorme matanza ruandesa, aunque el ataque dejó muchas interrogantes por despejar y es aún investigado.
Francia negó siempre sus vínculos con el genocidio, que implicó la entrega de armas pese al embargo existente y a sabiendas de que los tutsis eran una minoría atacada de forma violenta por la mayoría hutu, entonces en el poder, pero en 2010 el gobernante de entonces, Nicolas Sarkozy, admitió que hubo ‘graves errores de juicio’.
El presidente Kagame, reelecto en los comicios presidenciales del pasado 4 de agosto con el 99 por ciento de los votos, fue acusado en aquella época como uno de los responsables del atentado contra el avión que inició los enfrentamientos, pero luego fue exonerado de esos cargos.
Por Antonio Paneque Brizuela. Periodista de la Redacción África y Medio Oriente de Prensa Latina.
La Habana, 21 de diciembre 2017
Crónica Digital /PL
