El pueblo y el suscrito pierden casi todas las batallas que emprenden. Es verdad que ello se compensa con creces por el inmenso privilegio de haber protagonizado la Revolución que en menos tiempo de lo que entonces duraba un gobierno expropió todos los fundos, nacionalizó el cobre, dio medio litro de leche a todos los niños y modernizó Chile para siempre. Asimismo por haber mantenido en alto la dignidad al no doblegarse jamás tras el golpe y, aprendiendo a enfrentarla en todos los terrenos, haber jugado un rol principal en el término la dictadura. Pero igual da mucho gusto cuando, por pequeñita que sea, se gana al menos una pelea. Es lo que ha sucedido recién con el financiamiento de la educación superior.
En efecto, mediante la glosa presupuestaria de gratuidad impuesta gracias a la decisión personal de la Presidenta Bachelet, su segundo gobierno ha logrado finalmente invertir la tendencia al aumento incesante del subsidio a la demanda que había logrado privatizar la educación superior casi por completo. Ha dejado asimismo una vara más o menos alta que difícilmente puede ser revertida.
La proporción del presupuesto educacional destinada a créditos y becas ha bajado de un 75 por ciento del presupuesto de educación superior el año 2015 a un 39 por ciento del mismo en la ley de presupuesto 2018 (ver gráfico). La glosa de gratuidad se creó el 2016 y en tres años ha logrado sobrepasar levemente las destinadas a aquellos. Creció un 32 por ciento nominal entre 2017 y 2018 al tiempo que la partida destinada al crédito con aval del Estado el infame CAE, bueno, cayó en un 19 por ciento.
Los fondos destinados a la glosa de gratuidad en el presupuesto 2018 rozan el billón de pesos y junto al aporte fiscal directo que asimismo se incrementó levemente, elevan los aportes directos a instituciones a 2,26 billones de pesos, mientras los fondos destinados a créditos y becas se reducen de más de 1,1 billones el 2017 a 911 mil millones el 2018 (ver cuadro).
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Aportes Fiscales destinados al Item de Educación Superior según Ley de Presupuesto Presentada cada año
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2015
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2016
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2017
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2018
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Var 18/17 (%)
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Aportes a instituciones y gratuidad
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249.855.453
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807.826.155
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997.173.025
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1.259.503.527
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26,31%
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Aportes instituciones (% del tota)l
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17,0%
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43,8%
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44,8%
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54,4%
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incluye: Aporte Fiscal Directo
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223.971.041
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237.048.099
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249.270.900
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266.529.407
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6,92%
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Aporte Fiscal Indirecto
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25.884.413
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25.888.927
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Financiamiento Gratuidad
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544.889.129
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747.902.125
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992.973.120
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32,77%
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Subsidio a demanda
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1.105.065.276
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918.480.857
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1.084.973.291
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911.299.654
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-16,01%
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Subsidio demanda (% del tota)l
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75,0%
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49,7%
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48,7%
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39,3%
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Incluye: Crédito con Aval del Estado (CAE)
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480.115.123
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659.323.789
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850.099.158
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689.116.517
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-18,94%
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Crédito solidario
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81.679.101
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6.556.493
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13.301.411
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605.689
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-95,45%
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Becas
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543.271.052
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252.600.575
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221.572.722
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221.577.448
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0,00%
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Aportes investigación, extensión y otros
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117.584.945
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120.033.169
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143.605.415
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146.412.494
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1,95%
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Otros (% del total)
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8,0%
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6,5%
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6,5%
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6,3%
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Total Aportes
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1.472.505.674
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1.846.340.180
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2.225.751.731
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2.317.215.675
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4,11%
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Incremento (% anual)
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14,4%
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25,4%
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20,5%
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4,1%
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Fuente: CENDA en base a DIPRES, B.Central
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Ello representa un avance de significación, frente al cual han puesto el grito en el cielo los voceros de las universidades privadas que pueden lucrar ilegalmente al recibir casi todos los fondos públicos destinados a créditos y becas sin rendir cuenta alguna, dado que los obtienen mediante una supuesta compra-venta con sus estudiantes.
Da rabia comprobar que no se destinan a gratuidad los 911 mil millones de pesos del presupuesto público destinados a créditos y becas, que continuarán yendo a parar a los bolsillos de los dueños del puñado de universidades e institutos privadas que lucran con ellos. Se continúa endeudando a 400 mil estudiantes que podrían haber duplicado el número de aquellos beneficiados con gratuidad el 2018.
Los asesores de Hacienda justifican la mantención de los créditos alegando que ello no constituye gasto, como evidentemente lo es puesto que son cerca de mil millones de dólares que por años ha constituido la principal partida desembolsada del presupuesto público, y así lo considera la Contraloría general de la República, sino “adquisición de activos financieros” como reza la glosa principal del CAE. En otras palabras, sería como tomar depósitos a plazo, los que en el futuro serían reembolsados por los pagos descontados a los salarios de los estudiantes endeudados.
En efecto, sin considerar que la recuperación es mínima por la elevadísima morosidad, muchos profesionales se ven forzados a pagar los créditos mediante retenciones forzosas de sus devoluciones anuales de impuestos. Es decir se trata de un impuesto hecho y derecho, equivalente al cinco o diez por ciento de las remuneraciones según el tipo de crédito, aplicado sólo a algunos profesionales. Ello presenta claros visos de inconstitucionalidad, puesto que se trata de un impuesto discriminatorio, aplicado a los profesionales que provienen de familias de menores ingresos que no pudieron en su momento solventar su educación. Además, se trata de un impuesto fantasma, de cobro forzado mediante un garlito de economistas, que nunca fue discutido ni aprobado como tal impuesto por el parlamento, donde secularmente ha residido la potestad esencial precisamente de visar los impuestos del gobierno.
En el caso de los endeudados por el CAE la situación es peor, puesto que los dineros públicos se les transfieren y son cobrados como cualquier préstamo, con embargos judiciales incluidos, por intermedio de bancos que cobran un 25% de “recarga” por este servicio, aparte de los intereses.
Los defensores de la educación pagada, entre los que se cuentan no sólo quiénes están directamente ligados a la industria creada con los “subsidios a la demanda”, que incluyen directamente a conocidos políticos y partidos, sino también muchas personas bien intencionadas y convencidas que ello constituye una política justa.
Ellos pasan por alto que ello constituye una inmoralidad social que viola el pacto social esencial de cualquier sociedad civilizada, que siempre ha exigido a las élites que financien íntegramente los llamados “asuntos del espíritu”, la cultura, el arte, las ciencias y por cierto, la educación, con cargo al excedente que se apropian, acto que legitiman en parte cumpliendo este deber y por cierto, respetando escrupulosamente los salarios. La educación pagada, al igual que el ahorro forzoso disfrazado de “capitalización individual” en la AFP, o los intereses usurarios de todo tipo de préstamos de consumo, constituyen mecanismos de super explotación, es decir, apropiación indebida de salarios por parte de una elite que no se conforma con las ganancias y rentas, que ya son escandalosas porque representan más de la mitad del PIB.
Lo más grave de no haber traspasado por completo a gratuidad el dinero público destinado a créditos y becas, no es sólo que con ello ponen una traba más a continuar con el camino de reformas abierto a medias por el gobierno de Nueva Mayoría sino, es acentuar el desprestigio de un sistema político que en treinta años no ha sido capaz de terminar con abusos y distorsiones como la educación privatizada cargada sobre el bolsillo de los trabajadores mediante el mal uso de enormes sumas de. dineros públicos.
Pero por lo menos se ha logrado invertir la tendencia, lo que no deja de ser.
Por Manuel Riesco
Santiago de Chile, 17 de octubre 2017
Crónica Digital
Manuel Riesco Vicepresidente en Fundación CENDA
Fe de erratas: El aporte fiscal directo y gratuidad suman $1,26 billones en presupuesto 2018 (no 2,26 b como aparece en el texto), superando por primera vez a créditos y becas, que suman 911 mil millones ¡Bién!