El diputado Hugo Gutiérrez junto al diputado Daniel Núñez, presentaron este jueves 18 de mayo una moción parlamentaria que busca poner fin a las licencias de aquellas empresas pesqueras que han estado vinculadas a los casos de corrupción y cohecho, tal como Corpesca y Asipés.
En ese sentido, el texto declara la nulidad de los actos administrativos en cuya virtud se hayan concedido licencias transables de pesca, a que se refiere la ley Nº 20.657, a las empresas Alimentos Marinos S.A., Congelados Pacífico S.A, Camanchaca S.A., Blumar Seafoods S.A., Foodcorp S.A., Landes S.A., todas pertenecientes a la Asociación de Industriales Pesqueros A.G. y a la empresa Consorcio Pesquero del Norte S.A.
Igualmente, la moción parlamentaria plantea que la nulidad se extienda a los actos administrativos que otorgan licencias transables de pesca a empresas filiales de estas sociedades o que pertenezcan al mismo grupo económico. Esto, especificando que la nulidad no contemple ninguna indemnización.
El diputado por la región de Tarapacá, Hugo Gutiérrez, sostuvo que “es este Congreso tiene que tomar medidas”, en torno a los casos de corrupción de empresas pesqueras. “Hemos encontrado un artículo en el código civil que permite al legislador anular actos administrativos que se hayan dictado para defraudar. En consecuencia, hemos estimado que estas licencias transables de pesca, que hoy benefician a todos los corruptos pesqueros y se enriquecen con la llamada Ley de Pesca, esas licencias tienen que ser anuladas”, recalcó.
Para Gutiérrez, la presentación de la iniciativa “es un compromiso ético de este Congreso, abocarse con urgencia a poner fin a estas licencias transables de pesca”.
Por su parte, el diputado Daniel Núñez recordó que el Gobierno comprometió una revisión a la Ley de Pesca, que espera se cumpla en los cerca de 7 meses que quedan para el cambio de administración.
“Creemos que estos elementos deben estar contenidos en una reforma profunda a la ley de pesca. Una empresa que obtuvo beneficios económicos en forma corrupta, que se apropió de lago en forma ilícita, debe dejar de tener esos beneficios”, detalló Núñez.
Finalmente, el diputado por la región de Coquimbo explicó que con la anulación de los actos administrativos, no existe derecho a indemnización a las pesqueras vinculadas a casos de corrupción. “Nosotros queremos que estas empresas que se roban el patrimonio pesquero de todos los chilenos, después el estado no tenga que además indemnizarlas”.
Santiago de Chile, 20 de mayo 2017
Crónica Digital
