En reciente reportaje de prensa, la Presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) ha referido su postura en relación a la ley de pesca, ensalzado las cualidades que en su concepto la destacan. A su vez, señala que no logra entender las críticas del sector artesanal, y no trepida en aventurar que la misma es una “buena ley”.
Lo cierto es que la referida normativa sin duda es una buena ley, pero para los Industriales. En efecto, se reconocen para dicho sector derechos de extracción pesquera que han sido catalogados por los entendidos como un verdadero “regalo regulatorio”.
Se trata de una ley que contempla barreras de entrada casi imposibles de sortear para aquellos que pretendan ingresar al rubro industrial, en donde los recursos hidrobiológicos son distribuidos entre los escasos agentes del aludido sector en razón de habérseles privilegiado y obviando el Estado en ello el rol que le corresponde en esta materia, en orden al deber de hacer primar el bien común por sobre el interés particular.
Una buena ley de pesca que concentra los recursos pesqueros en manos de unos pocos, por ejemplo entregándoles de la cuota global de captura, el 90% del Jurel, el 84% de la Sardina Española y el 60% de la merluza común, lo que fortalece y consolida su posición como actores dominantes del mercado, quienes aprovechando dicho sitial han logrado el control mediante prácticas predatorias, tanto respecto de los pescadores artesanales, como con el resto de la cadena asociada.
Una buena ley de pesca que le permite a la industria tomar la noble bandera de la lucha contra la pesca ilegal, para fines poco nobles, pues con dicha bandera tienen de su lado al Estado fiscalizador y sancionador que resguarda que otros no toquen los recursos que están asociados a sus derechos pesqueros. Una buena ley de pesca que en razón de reconocer a la industria su rol extractor, legitima la integración vertical, cuestión ya superada en naciones de avanzada tradición pesquera, en donde el pescador hace su trabajo, y la industria solo procesa las capturas que le son suministradas.
Una buena ley de pesca que no reconoce los derechos de los pueblos originarios en materia pesquera y los sitúa como agentes fuera de la ley, permitiendo excesos a su respecto. Una buena ley de pesca que no resguarda la pesca subsistencia como actividad que constituye un verdadero patrimonio intangible, pues ello es una amenaza para el sector industrial, al ser un peligro de merma para “sus activos”, que no obstante ser de todos, la buena ley de pesca no establece que la propiedad de esos recursos corresponde a la nación toda.
Una buena ley de pesca que permite la realización de actividad industrial en la zona de reserva a la pesca artesanal, cuestión que en el norte de Chile ha dañado todo un ecosistema y ha permitido enriquecerse una sola industria pesquera, empresa que por lo demás hoy se encuentra formalizada por delitos cometidos en el marco de la tramitación de la ley de pesca.
Una buena ley de pesca que hace vista gorda con la pesca de arrastre, práctica brutal para el fondo marino, la cual mientras usted lee esta columna, se lleva a efectos en las costas de nuestro país por barcos industriales.
En síntesis, no podemos sino concordar con la presidenta de Asipes, se trata de una buena ley de pesca … para la industria.
Pablo Manríquez Díaz
Abogado Asesor Federación de Pescadores Artesanales y Ramas Afines, Fedepes Biobío
Santiago de Chile, 11 de mayo 2017
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