Nuestro trabajo en el Ministerio de Bienes Nacionales, que se extendió entre el 11 de marzo de 2014 y el 19 de octubre de 2016, fue un desafío de enorme envergadura, pues la Secretaría de Estado administra el 53,26% de la superficie del territorio nacional, lo que equivale a 40.269.505 hectáreas, de las cuales 14.554.905 corresponden a las unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).
En el momento que asumimos la responsabilidad, Bienes Nacionales era una “inmobiliaria fiscal”. Nosotros pensábamos que era posible emprender desde el Ministerio una gestión que hiciera una contribución sustantiva al crecimiento económico, la sustentabilidad, la participación ciudadana y la inclusión social. En ese sentido, pensamos que las evidencias muestran que la obra desarrollada no tiene precedentes.
En materia de la defensa del patrimonio público, parece pertinente recordar lo señalado por Ozren Agnic en su libro “Pinochet S. A. La Base de la Fortuna”, publicado en diciembre de 2006, hace diez años. Allí había un capítulo completo dedicado a los bienes fiscales de los que se había apropiado la Fundación CEMA Chile, presidida por Lucía Hiriart de Pinochet. A ese respecto, señalaba: “El país retornó a la democracia el año 1990. Más de 16 años han transcurrido desde que Augusto Pinochet entregó el Poder Ejecutivo y ninguno de los sucesivos ministros de Bienes Nacionales ha mostrado interés alguno por esclarecer lo obrado por doña Lucía en lo relativo a las propiedades recibidas”.
Con profunda satisfacción, expresamos que fuimos capaces de colocar término a 25 años de impunidad y silencio, respecto del patrimonio de todos los chilenos y las chilenas que fue apropiado por Fundación CEMA Chile.
Establecimos con precisión un catastro de los bienes fiscales que fueron transferidos en forma gratuita desde Bienes Nacionales a CEMA Chile entre 1976 y 1989, fiscalizamos su estado actual y acreditamos que CEMA había derivado en una entidad inmobiliaria con fines de lucro, solicitamos al Consejo de Defensa del Estado que recurriera judicialmente la restitución de los bienes al Fisco, logramos que la Corte de Apelaciones de Santiago diera curso a la solicitud de investigación judicial y que designara un ministro en visita, en forma paralela iniciamos la recuperación de los bienes que estaban en poder de CEMA bajo figura de concesión y establecimos que la Plaza de Paine era un bien de uso público, y posibilitamos que el ministro en visita dispusiera el embargo de los activos financieros e inmuebles de la entidad que presidía Lucía de Pinochet.
Más allá de la importancia de esa labor y su visibilidad en los medios de comunicación, no fue el único ámbito de acción
Respecto a los pueblos originarios, hasta junio de 2016 se había entregado un total de 207 inmuebles fiscales a comunidades indígenas, lo que significa un total superior a las 49 mil hectáreas. Para medir la envergadura de lo consignado, puntualicemos que ello es equivalente a la casi totalidad de hectáreas que la CONADI entregó en sus primeros 17 años de existencia, entre septiembre de 1993 e igual mes de 2015.
Junto a lo anterior, en regularización de la pequeña propiedad raíz orientada a los pueblos originarios, durante 2014 y 2015 se resolvieron positivamente 607 casos.
Recientemente, el diario estadounidense “Washington Post” publicó una crónica en el que señalaba que Chile se ha transformado en la “Arabia Saudita de la Energía Solar”. Indicaba que la producción de energía solar se ha multiplicado por seis desde 2014, y que el año pasado fue el principal productor de energía limpia en América y el segundo a nivel del planeta. Sin ninguna duda, podemos asegurar que nuestra gestión en el Ministerio de Bienes Nacionales fue determinante en ese logro.
Para impulsar la multiplicación de los proyectos de Energías Renovables, hasta octubre de 2016 se habían otorgado 220 concesiones para proyectos de esta tipo, lo que representa un total de 51.428 hectáreas. El total de las inversiones comprometidas asciende a USD miles 17.628.943. La mayoría de los terrenos en los cuales se han ubicado los proyectos de energía solar son de propiedad fiscal, entregados por Bienes Nacionales, llegando a que el 77 por ciento de los MW operando se encuentran en terreno fiscal.
En lo que se refiere a la disposición de tierras fiscales para proyectos de vivienda social y barrios integrados, a septiembre de 2016 se había entregado un total de 149 inmuebles fiscales a los SERVIU y a municipios a lo largo del país, lo que significa cerca de 3 millones 400 mil metros cuadrados de propiedad fiscal. Lo más significativo es que establecimos como modalidad principal la transferencia gratuita, para hacer viable el carácter social de los proyectos de vivienda. Ello no era posible hasta marzo de 2014.
Frente a la regularización de la pequeña propiedad privada raíz, durante los dos primeros de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, un total de 19.817 títulos de dominio ingresaron a los Conservadores de Bienes Raíces con su resolución favorable, para igual cantidad de familias chilenas. Como se sabe, en este ámbito se juega el acceso a una vida digna para miles de familias que viven en condiciones de vulnerabilidad social, que es el modo en que hoy se denomina a la exclusión.
Nos parece que todo ello, en efecto, ha sido una contribución significativa a la creación de condiciones crecientes para el progreso social y la construcción de un Nuevo Chile.
Víctor Osorio Reyes
Periodista
Nota: Esta columna está basada en la intervención de Osorio en el acto de reconocimiento a su gestión en Bienes Nacionales, realizada en abril pasado en la USACH.
Santiago de Chile, 8 de mayo 2017
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