La opinión pública ha sido testigo durante el transcurso del año 2016 -y con mayor intensidad desde enero de este año- , del debate sobre los cientos de médicos que están abandonando sus cargos en la salud pública, en el marco de un déficit global de unos 2000 galenos.
Son diversas las visiones e interpretaciones sobre los efectos que la aplicación del EUNACOM, examen concebido para garantizar “la calidad de la atención de salud de los chilenos”, ha llegado a tener en la política pública de salud en nuestro país. Por cierto, dicha calidad no debiese depender exclusivamente de un examen teórico-práctico para habilitar a profesionales que cursaron al menos sus siete años de estudio en universidades acreditadas, y que en el caso de chilenos y extranjeros con estudios en el exterior, lo hicieron conforme a las leyes vigentes en aquellos países.
Mi posición, respecto de las debilidades y efectos indeseados que ha provocado la aplicación del EUNACOM, muchas veces ha generado polémica. Insistentemente advertimos a distintas autoridades del Ministerio de Salud lo que hoy es una realidad y un contrasentido: Chile requiere de más médicos y el Estado, por las razones que sean, está prescindiendo del trabajo de cientos de médicos generales y especialistas.
En mayo de 2016, promovimos junto a las senadoras y senadores Allende, Pérez, Von Baer, García-Huidobro, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Horvath, Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, Quintana, Quinteros, Patricio Walker y Zaldívar, un Proyecto de Acuerdo que solicitó a la Presidenta de la República, entre otras medidas, la aplicación de una evaluación sustitutiva del EUNACOM para médicos especialistas, así como la ampliación de la vigencia de la ley miscelánea.
Sobre este proyecto de acuerdo, el gobierno se ha hecho cargo parcialmente, pues hoy contamos con una nueva legislación que exime del EUNACOM a quienes cuentan con una especialidad médica; sin embargo, repiten el mismo error: habilitar a organismos de carácter privado (ASOFAMECH y CONACEM) para que determinen y condicionen de manera insalvable la política pública de salud.
Es inapropiado que dos organismos privados tengan facultades de toma de decisiones de carácter obligatorio para ciudadanos y ciudadanas de este país y hasta para el propio Estado, ya que estas atribuciones y potestades son exclusivas – en un Estado de Derecho – , a los organismos públicos.
En noviembre pasado, el Contralor General de la República coincidió con nuestras apreciaciones, formulado observaciones al EUNACOM, que esperamos sean asumidas e incorporadas en la solución global de este problema, entre las cuales se destacan criterios “que aseguren la objetividad, transparencia, igualdad y adecuada publicidad” en el “diseño y administración del examen”.
Cuando hemos formulado estas mismas críticas, recibimos algunas opiniones discrepantes – legítimas por cierto – y otras de carácter descalificatorio, que en nada han contribuido a resolver el problema, y que pueden ser interpretadas más como signos de intereses corporativos que de genuinos intereses centrados en el bien común y en una política de salud pública, como la que merecen quienes habitamos Chile.
En conclusión, es importante aplicar y asegurar que el principio fundamental en esta materia es – al decir del Contralor General – la “servicialidad de la administración y de continuidad del servicio público”. Y que la misma está en grave riesgo como consecuencia de la aplicación de un instrumento destinado a acreditar, lo que ya está institucionalmente acreditado. Y que -a la luz de los resultados- no ha contribuido como se esperaba al legislar hace una década, en garantizar la calidad de la atención pública ni a evaluar de manera adecuada a los médicos, ya sean titulados en Chile o en el exterior.
Ahora bien, para evitar que el informe sobre diseño, administración y aplicación del EUNACOM encargado por el MINSAL a la Organización Mundial de la Salud no resulte extemporáneo en relación con la crisis actual, sería de toda conveniencia que las autoridades pertinentes agotaran las gestiones para disponer de dicho informe a la brevedad.
Es menester señalar, que antes de la aplicación del EUNACOM, los médicos extranjeros que deseaban ejercer en nuestro país, debían revalidar sus estudios y conocimientos a través de un procedimiento absolutamente reglado a cargo de la Universidad de Chile, por lo que nadie puede sostener seriamente que quienes criticamos el EUNACOM, promovamos que no haya un mecanismo acreditador o un organismo público a cargo de las revalidaciones.
Recientemente, el Tribunal Constitucional, ha acogido a tramitación un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en el caso de discriminación de la ASOFAMECH en contra de un médico chileno, oftalmólogo, pues se cuestiona la discriminación ejercida al amparo de la ley del EUNACOM.
Se espera que el TC se pronuncie sobre esta anomalía, y que aclare si es acorde a nuestra Constitución que una Corporación de Derecho Privado, en los hechos, esté utilizando facultades que le son propias a organismos del Estado, afectando a particulares y obligando al propio Estado, a adecuar sus políticas de salud, afectando con ello la vida de millones de chilenos y chilenas.
Por Alejandro Navarro
Senador
Santiago de Chile, 12 de marzo 2017
Crónica Digital
