Moro convirtió hoy a Lula en reo de la justicia por quinta vez al aceptar una acusación según la cual el exgobernante presuntamente fue beneficiado por la empresa de ingeniería Odebrecht con la cesión de un terreno donde sería construido el Instituto Lula y de un apartamento en San Bernardo del Campo, Sao Paulo.
Además, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) formaría parte de un esquema para desviar entre dos y tres por ciento de los valores de los contratos suscritos entre Odebrecht y la petrolera estatal Petrobras.
Lula y su esposa jamás fueron favorecidos con cualquiera de los dos inmuebles indicados en la denuncia y mucho menos recibieron cualquier ventaja indebida proveniente de contratos firmados por Petrobras, subrayó Zanin Martins.
Por tanto, agregó, el despacho proferido hoy por Moro ‘no muda la realidad de los hechos’.
El letrado puntualizó asimismo que la denuncia aceptada por el juez federal de Curitiba proviene de una investigación policial sobre la cual tuvieron apenas dos días para manifestarse y en menos de un día útil ya estaban indiciados.
No hubo ninguna investigación imparcial, sino una secuencia de hechos producidos para sustentar la apertura de incontables procedimientos frívolos y sin pruebas contra Lula, con el único propósito de impedir el éxito de sus actividades políticas, remarcó.
El expresidente responde en calidad de procesado en tres acciones penales ante la Justicia Federal en Brasilia.
En la primera de estas, por su presunta participación en la compra del silencio del exdirector de Petrobras Nestor Cerveró; en otra por delitos de tráfico de influencia, lavado de dinero y organización para delinquir, y en el tercer proceso por supuestos desvíos en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes).
Los abogados de la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva denunciaron reiteradamente la utilización de técnicas del llamado lawfare (persecución judicial con el propósito de eliminar enemigos políticos) por parte de Moro, los fiscales de Lava Jato y el Ministerio Público Federal.
En julio último interpusieron,además, una queja sobre la parcial y abusiva actuación del juez federal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aceptó la denuncia e instó al gobierno de Brasil a pronunciarse al respecto.
Brasilia, 20 de diciembre 2016
Crónica Digital / PL
