La Mesa del Sector Público (MSP), decidió reanudar el Paro que comenzó este lunes y se extenderá hasta mañana martes, a la espera de conocer el contenido del “Veto Aditivo” sobre nuevas incorporaciones que propondrá, la Presidenta de la República, al Proyecto de Ley de Reajuste General (PLRG) para el sector público. Se estima que mañana ingrese el veto al Congreso. De ser así, la MSP convocará a una marcha nacional en Valparaíso
La MSP, evaluará el contenido del Veto y a partir de ello tomará “una posición respecto de la tramitación legislativa y apenas tengamos la confirmación de que se “tramita mañana (martes) en el Congreso, la Mesa va a terminar de ratificar su convocatoria a una marcha nacional en Valparaíso, para continuar presionando mañana el proceso de reajuste general”, anunció el coordinador de la MSP y consejero nacional de la CUT, Carlos Insunza.
El “Veto Aditivo”, es una facultad propia del Presidente (a) de la República que le permite someter, nuevamente, a una discusión legislativa un Proyecto de Ley que fue rechazado, en su último trámite, por la Comisión Mixta que es el caso del PLRG.
Al Veto “le puede hacer cualquier incorporación nueva que el Gobierne estime. Está claro que se va a referir a los artículos que han sido rechazados y que en esa materia, va a instalar una redacción para el debate del Congreso. Es esa redacción la que nosotros queremos conocer. Esperamos que tenga un avance respecto de los elementos que ya han sido rechazados por el Congreso y por los trabajadores y trabajadoras. Y por tanto, hoy el Ejecutivo tiene todas las posibilidades de buscar un camino de solución del conflicto y esperamos, sinceramente, que lo haga”, dijo Insunza.
En ese contexto, el dirigente, señaló que “el propio Gobierno planteó que ha tomado la decisión de no dejar a los trabajadores del Estado sin reajuste. Entendemos que esa solo señal, debiera ser una señal no solo para habilitar que continúe la tramitación legislativa sino que el veto que ingrese la Presidenta de la República, modifique los parámetros que ya han sido rechazados por el Congreso. Resultaría, completamente, absurdo que el Gobierno volviera a ingresar, exactamente, los mismos contenidos que ya fueron rechazados durante la tramitación del Proyecto de Ley”.
En esa perspectiva, la MSP seguirá insistiendo en 4 puntos que califica fundamentales: “incremento en la cifra de reajuste; la incorporación de un mecanismo de seguridad respecto del reajuste real; incremento de los montos de los bonos y ampliación de las líneas de corte del bono de término, en función de que la mayor parte de los funcionarios afiliados a las organizaciones del sector público, perciba estos beneficios, avanzando en la recuperación de los bonos que tenían como derecho adquirido hasta el año 2014”, enumeró Insunza.
Represalias del Gobierno
Asimismo, la MSP, condenó las acciones de amedrentamiento que están ejerciendo los ministerios de Hacienda e Interior en contra de los funcionarios y funcionarias del Estado que se han sumado a la paralización de actividades. Sumarios administrativos y descuentos a los salarios, son las prácticas que están implementando.
“Repudiamos, tajantemente, el intento de los ministros de Hacienda y del Interior de amedrentar a los trabajadores del Estado por la vía de la Circular N~24 que han emitido, ambos ministros el viernes pasado, instruyendo a los distintos servicios la realización de sumarios administrativos y descuentos de remuneraciones”, denunció Insunza.
“Es absurdo que, tras cinco semanas de conflicto y movilizaciones, el Gobierno tome una medida como ésta, intentando, evidentemente, bloquear la capacidad de movilización de los trabajadores públicos”, precisó.
En ese sentido, pidió al Gobierno que recapacite su actuar, terminando con las amenazas y buscando un espacio de diálogo con los trabajadores (as) para terminar así el conflicto.
“Es innecesario, seguir extendiendo este conflicto. No da cuenta de ninguna racionalidad en que la afectación – tras cinco semanas de movilización y nueve jornadas de paro nacional convocado por la Mesa- tiene respecto de los ciudadanos. Pareciera que para el Gobierno, el dar una señal política en términos de restricción (…) tiene más relevancia en línea con lo que lo hoy los poderes económicos de nuestro país están exigiendo, que encontrar un acuerdo con los trabajadores del Estado y proteger a los usuarios y usuarias de los servicios públicos que son hoy quienes que, por intransigencia del Gobierno, se están viendo afectado por el proceso de movilización”.
