La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss; la subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara; y el director del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Jaccob Sandoval, promulgó la Ley que modifica la norma sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto de eliminar la distinción entre empleados y obreros en dicho ámbito. A la ceremonia también asistieron los ministros de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre; secretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente; de Desarrollo Social, Marcos Barraza; y secretaria General de Gobierno, Paula Narváez.
La nueva Ley actualiza el concepto de trabajador, eliminando la referencia a empleados y obreros, que respondía a una antigua premisa sobre el predominio del esfuerzo intelectual o físico, respectivamente, en las labores de un trabajo. Así, sustituye dicha referencia por la mención: “a toda persona que preste servicios por cuenta propia o como dependiente de alguna entidad empleadora”. Asimismo, establece la afiliación al ISL en caso de que los empleadores no adhieran expresamente a alguna Mutualidad.
La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, puesta en marcha por la Mandataria en agosto del 2016, estableció la eliminación de esta discriminación como su medida más simbólica para igualar derechos de trabajadores sin distinciones, equiparando las condiciones de acceso a las atenciones médicas y al pago de licencias.
La Subsecretaria Jara agregó: “Con esta eliminación no existe más discriminación entre obreros y empleados y todos pasan a ser trabajadores con igualdad de derechos”.
“Dentro de los 350 mil trabajadores había una mirada discriminatoria en el sentido de que se los clasificaba como empleados, en el caso de que primaba el esfuerzo intelectual, u obreros, si predominaba el trabajo físico. Pero sabemos que esos dos elementos no están disociados. Precisamente, a quienes más afectaba eran trabajadoras de casa particular, temporeras y manipuladoras de alimentos; por tanto, esta discriminación tenía una mirada de género porque afectaba principalmente a mujeres”, indicó la autoridad.
Santiago de Chile, 16 de diciembre 2017
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