Legislador se ha aliado a diputados de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente en busca de que el caudal ecológico no sea aplicable a los derechos de agua ya otorgados, lo cual es fundamental “para restaurar la sustentabilidad de las fuentes superficiales”, señalan desde la sociedad civil.
- De la mano de la Sociedad Nacional de Agricultura y asociaciones de canalistas, algunos parlamentarios intentan revertir lo acordado por Comisión de Recursos Hídricos, con el fin de mantener la función económica del agua sin considerar si su uso afecta la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente y, por extensión, las necesidades futuras para consumo humano y de otras actividades productivas.
Una soterrada lucha se libra en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados ante los intentos de legisladores de la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, junto a Sergio Espejo de la Democracia Cristiana, de revertir los avances alcanzados en la Comisión de Recursos Hídricos en pro de una institucionalidad que vea al agua como un bien público. Las votaciones sobre la modificación al artículo 6º, que en la norma vigente instaura el derecho de propiedad sobre las aguas, han derivado en algunos retrocesos, sin embargo aún quedan pendientes importantes indicaciones por dirimir.
Una de ellas es la que se verá este martes 17 de mayo.
Para esa sesión quedó pendiente la decisión sobre el inciso final del artículo 6º bis, que en la Comisión de Recursos Hídricos estableció que “caducarán los derechos de aprovechamiento si son utilizados para un fin diverso para el que fueron otorgados, salvo que dicho cambio de uso haya sido autorizado por la autoridad competente”.
Los diputados UDI Pedro Álvarez-Salamanca e Ignacio Urrutia, RN Diego Paulsen y PSRD José Pérez, plantearon sustituir la redacción por un texto que apunta a eliminar la caducidad y establece solo una multa: “Se sancionará en conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 y siguientes aquellos cambios de uso que no fueren debidamente informados a la Dirección General de Aguas“. Se sumaron a esta intención los diputados Sergio Espejo (DC) y Christian Urízar (PS), acotando que solo en el caso de que “el cambio de uso produzca una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae” se procederá a la caducidad.
Esta propuesta revierte el acuerdo alcanzado en el sentido de terminar con la visión propietarista del Código de Aguas, modificando la caducidad por multas cuando el derecho de aprovechamiento es utilizado sin autorización para un fin distinto por el cual fue otorgado.
La batalla por el caudal ecológico
Pero esta no es la única disputa, de corte ideológico, que se da hoy en la Comisión de Agricultura. Una fundamental se vincula con la definición y aplicación del caudal ecológico.
La controversia se suscita en que la Comisión de Recursos Hídricos aprobó la facultad de restringir el uso de los derechos de agua sobre la base de los impactos ecosistémicos que este ejercicio generase y que a la larga afecta la provisión de agua para consumo humano, subsistencia y actividades productivas. El problema es que la derecha, junto a Sergio Espejo, busca que la figura del caudal ecológico solo se aplique a los nuevos derechos y no a los ya otorgados. Lo complejo de esto es que el caudal ecológico aplicado a todos los derechos “es fundamental para poder restaurar la sustentabilidad de las fuentes superficiales, al igual como ya se establece para las fuentes subterráneas en los artículos 62 y siguientes” indica al respecto la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín.
La ofensiva contra la aplicación del caudal ecológico a todas las concesiones, independiente de su fecha de otorgamiento, es impulsada por la Sociedad Nacional de Agricultura y diversas asociaciones de canalistas, que abogan por mantener sus derechos económicos sin considerar si su uso afecta la preservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente y, por extensión, las necesidades futuras para consumo humano y de otras actividades productivas.
En esto, los votos de los diputados de la Nueva Mayoría serán fundamentales para determinar si en el Código el agua será considerada un bien transable con fines eminentemente productivos o un bien común con características de derecho humano fundamental.
Integran la comisión los diputados PPD Loreto Carvajal (quien la preside) y Felipe Letelier, PS Denise Pascal y Christian Urízar, PRSD José Pérez, UDI Pedro Álvarez-Salamanca, Ramón Barros e Ignacio Urrutia, RN Diego Paulsen y Rosauro Martínez, DC Sergio Espejo e Iván Flores (reemplazado por el independiente Iván Fuentes) y los independientes Alejandra Sepúlveda.
Por Patricio Segura
Santiago de Chile, 17 de mayo 2016
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