Organizaciones sociales de diversos sectores coinciden en que la Agenda Corta Antidelicuencia, en actual tramitación parlamentaria, implica un gran riesgo para los derechos de la ciudadanía, por lo que no cumpliría con el supuesto rol de reducir y prevenir el crimen, atentando directamente contra la paz social.
“Hacemos un llamado al gobierno a echar pie atrás en la agenda antidelincuencia y genere un camino junto con la sociedad en materia de justicia y paz social”, dicen las agrupaciones.
La llamada “nueva detención por sospecha”, la “ley mordaza”, las nuevas reglas de aplicación del procedimiento abreviado, que aumentará el riesgo de que gente inocente vaya a la cárcel sin un juicio, y la omisión de controles ambientales para las construcción y ampliación de cárceles, son algunas de las graves consecuencias que tendría la aprobación de la Agenda Corta Antidelincuencia, y que varias organizaciones sociales –de pobladores, estudiantes secundarios y universitarios, movimientos políticos, gendarmes, migrantes, transexuales y de diversidad sexual, expertos en materia penal y penitenciaría- están alertando y pidiendo a las autoridades detener su tramitación.
“Nos oponemos a estas medidas porque son un atentado contra la ciudadanía y la democracia. No sólo son un retroceso en materia judicial, sino que afectan la potencial cohesión social, reduciendo enormemente las libertades y derechos de las personas. Creemos firmemente que este tipo de regulaciones profundizarán la gran desigualdad que ya existe en Chile”, asegura Diego Rochow, de la ONG Leasur.
Otras de las reformas que se proponen tienen que ver con atribuciones que se le otorgan tanto a carabineros como a la policía de investigaciones, de no requerir demostrar una agresión para procesar a alguien por ella; así como se estipulan modificaciones al juicio simplificado, que permitirá que se rindan pruebas en ausencia del imputado y sin que se necesite su comparecencia posterior al juicio.
Joe González, presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, señala que no se está considerando el primer eslabón, que es el sistema penitenciario. “Nos oponemos a estas reformas porque no están insertas dentro de una política de seguridad integral. Se están dando más facultades a carabineros y a la policía de investigaciones, sin tomar en cuenta las condiciones de trabajo en que estas policías se desenvuelven y la real capacidad de abarcar estas nuevas funciones. Y lo más grave es que no se aborda el sistema penitenciario que debiera ser la primera preocupación y está siendo el último eslabón. Las cárceles y centros de detención en Chile muestran graves niveles de hacinamiento. Ningún gobierno ha querido solucionar realmente esta problemática, que atraviesa una verdadera crisis”.
Ciertamente existen formas distintas de proceder, enfoques como la rehabilitación, generación de oportunidades, inversión social y otros tantos esquemas que sí han dado resultado en diversos países y que podríamos tomar como ejemplo, en vez de inclinarnos hacia un Estado policial y represivo.
“La privación de libertad, la cárcel es un fracaso como solución al problema del delito en el país, tanto las medidas sustitutivas de gendarmería como las sanciones en medio libre de Sename tienen resultados más esperanzadores en disminución de reincidencia. Debemos profundizar su uso y especialización de sus equipos. La reinserción es una mejor solución”, señala Juan Pablo Venegas, director de la Fundación Proyecto B, a cargo de programas de reinserción socio laboral de jóvenes que han infringido la ley.
Detención por sospecha ya ocurre
Muchos de los cambios que propone la agenda corta antidelincuencia han sido probados en el pasado y han demostrado ser ineficientes para la prevención y disminución del crimen. Además, la detención por sospecha ya ocurre de forma ilegal y afecta a una gran parte de la población, sin resultados alentadores y con graves consecuencias para los derechos de las personas. Este es el caso de la población La Legua, donde desde el año 2001 se ha implementado un plan de intervención policial, que ha supuesto una excesiva presencia policial junto con una intensiva realización de procedimientos policiales.
“Los controles de identidad ocurren de manera masiva en las poblaciones intervenidas como La Legua. Y suceden porque los funcionarios policiales suelen interpretar de forma preventiva la legislación actual, que es sumamente amplia. Entonces, en lugares estigmatizados como la Legua, la sola circunstancia de caminar por ese lugar permite actualmente llevar a cabo el control de identidad,” señala Pascual Cortés, abogado del Comité de Defensa y Promoción de DDHH de la población La Legua.
Cortés añade que de aprobarse las reformas “se legalizaría lo que hace años ya ocurre en la población La Legua, que es aplicar el control con amplísimos niveles de discrecionalidad. Y la experiencia nos ha demostrado que estos controles son la antesala de graves situaciones de abusos, agresiones verbales y físicas, incluso registros de genitales en plena vía pública y tratos denigrantes“.
Las personas migrantes también son un segmento vulnerable. “Las medidas que restringen los derechos suponen que todas las personas son sospechosas hasta que se demuestre lo contrario. Los migrantes, con nuestros rasgos étnicos propios, con una condición social vulnerable por la precariedad en la que nos coloca la actual ley migratoria que viene desde de la dictadura, nos constituimos en objetivos muy posibles y previsibles de estas medidas”, explica Tatiana Albuja, del Movimiento de Acción Migrante (MAM Chile).
En este sentido, la información entregada por el gobierno esta semana, de dilatar el ingreso del proyecto para una nueva ley migratoria es un duro revés a la regularización de los migrantes y que incide también en la seguridad ciudadana. “Instamos a las autoridades a ser eficaces en mantener la paz social, legislando de una buena vez las migraciones conforme a los derechos humanos y cumpliendo los tratados internacionales suscritos, lo que fortalecerá la regularidad de las personas en movilidad humana,” señala Albuja.
Trámite legislativo
Lamentablemente, la mayoría de los puntos de la agenda antidelincuencia ya han sido aprobados por ambas cámaras, pero existe la posibilidad en las próximas semanas de hacer cambios durante la comisión mixta que eventualmente revisará algunos de puntos que introdujo el Senado.
Hacemos un llamado al gobierno a echar pie atrás en la agenda antidelincuencia para generar un camino junto con la sociedad en materia de justicia y paz social. También invitamos a otras ONG’s, movimientos o agrupaciones a unirse a la red de organizaciones “Seguridad en Serio”, así como a apoyar el hashtag: #NoALaAgendaCorta
Suscriben Red de Organizaciones Seguridad en Serio:
Revolución Democrática
Adiptgen Metropolitano de Gendarmería de Chile
Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes
Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana
Comité de Derechos Humanos de La Legua
Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios
Movimiento por la Diversidad Sexual, MUMS
Movimiento de Acción Migrante, MAM
ONG En Marcha
ONG LEASUR
Proyecto B
Red Liberal
Santiago de Chile, 13 de abril 2016
Crónica Digital
