En Revolución Democrática estamos comprometidos con una política transparente y participativa que sea capaz de dotar de legitimidad a nuestra democracia para emprender cambios profundos en la sociedad. Muchos de los cambios que queremos para Chile afectan intereses, poderosos intereses, por eso ponemos especial hincapié en sancionar cualquier acto que pretenda sobreponer los intereses particulares al bien común de la ciudadanía.
Es por esto que ante los últimos hechos conocidos respecto al crédito que el Banco de Chile le otorgara a la empresa Caval Ltda. declaramos lo siguiente:
- Pedimos al Director Socio Cultural de la Moneda que aclare su participación en la negociación entre el Banco de Chile y la empresa Caval Ltda., de propiedad de su esposa, al mismo tiempo que haga su declaración de intereses y patrimonio a la brevedad, independiente de si su cargo formalmente lo exige o no. Creemos que más allá de los lazos familiares, el Señor Dávalos debe darle una explicación satisfactoria al país de su rol en la negociación del crédito, explicación que hasta hoy no ha sido realizada. Esta explicación debe darla él y no el vocero de gobierno. Estamos ante un dilema ético en el que se ve afectada la honra de la principal autoridad del país y eso es grave.
- Solicitamos a las instancias pertinentes que se investigue el eventual cambio de uso de suelo del Plan Regulador Intercomunal de la región de O’Higgins y que cualquier modificación que se realice en esta materia sea de acuerdo a la reglamentación vigente y con estricto cumplimiento de las instancias deliberativas locales. Estaremos atentos a que eso ocurra. En Revolución Democrática estamos comprometidos con una política de suelos que regule de manera eficiente y justa la distribución de los espacios públicos y privados de nuestras ciudades y a que estas decisiones no sean tomadas por propietarios y desarrolladores inmobiliarios. Las acciones de Caval Ltda van en contra de esta forma de entender el desarrollo urbano para las comunas de Rancagua y Machalí.Promoveremos mejoras en la legislación vigente para combatir el tráfico de influencias y la injerencia de los intereses económicos en las decisiones administrativas. Así mismo, aumentaremos el nivel de fiscalización ciudadana ante la especulación inmobiliaria, pues esta es fuente del crecimiento inorgánico de nuestras ciudades que origina la segregación urbana, afectando negativamente a miles de chilenos.
- Solicitamos al gobierno mayor proactividad en materia de transparencia de los recursos públicos que administra la Dirección Socio-Cultural de La Moneda. Reconocemos que desde ahí se realizan importantes acciones con distintos grupos prioritarios de la política social pero creemos que dicho accionar debe superar el anacrónico formato de “oficina de la primera dama”.
- Repudiamos el hecho de que en medio del clima de cuestionamiento a la relación entre dinero y política que se ha agudizado en las últimas semanas a partir del caso Penta, la derecha pretenda empatar el caso Caval que aún no muestra indicios de ilegalidad, con el caso Penta donde políticos están siendo investigados y formalizados por delitos. Por eso lamentamos que las respuestas hayan sido tan insatisfactorias y el silencio de Sebastián Dávalos sólo aumente el rumor y la gravedad de la situación, la que podría haber sido aclarada y evitada tempranamente. No hay empate posible, pero ese no es el estándar público que se debiese aplicar. Conformarse con una política que solo sea mejor que Penta es resignarse a estándares éticos por debajo de lo mínimo que nuestra sociedad demanda.
En Revolución Democrática creemos que quienes nos desempeñamos en el ámbito público debemos exigirnos estándares éticos mayores a los que la ley obliga a los ciudadanos, dado que el tipo de responsabilidad sobre el bien común, que todos buscamos representar, requiere de altos niveles de coherencia que permitan a la ciudadanía volver a creer en la política.
Creemos que esto es fundamental para quienes estamos por una política que pretende derrotar la desigualdad. La desigualdad no implica solamente un tema económico, de ingresos, también es un tema de privilegios y del uso indebido de las redes de contacto para el beneficio privado. Ese es el fondo de por qué avalamos una política social universal y no segregadora, es la razón por la cual creemos en una sociedad de derechos y no de privilegios.
Santiago de Chile, 11 de febrero 2015
Crónica Digital
