El reclamo nacional de justicia por el asesinato del periodista Pablo Medina y de su asistente Antonia Almada y la condena al poder de la narcopolítica fueron una constante en la semana paraguaya que termina. (RadioPL)
Medina, quien denunciaba las actividades de los traficantes y su connivencia con políticos y funcionarios en el norteño departamento de Canindeyú, fue ultimado junto con su asistente por varios sicarios el pasado 16 de octubre en un camino rural cuando regresaban de una cobertura.
Las indignadas protestas y denuncias por los medios de difusión y organizaciones populares expuso a la luz pública a los autores del crimen encabezados por el alcalde de Ypahjué, Vilmar Acosta, y también los señalamientos como protectora del grupo a la diputada Cristina Villalba.
Pasada una quincena ni uno solo de los responsables fue apresado al parecer por filtraciones del accionar policíaco que les permitió escapar de los numerosos allanamientos en los cuales se incautaron hasta tres toneladas de marihuana en una hacienda de Acosta.
A partir de ahí e instalada la desconfianza sobre la actuación de los investigadores, las denuncias en la prensa permitieron conocer detalles de la eventual vinculación de otros legisladores y funcionarios con las mafias dedicadas a la producción y exportación de las drogas y al contrabando.
Los esfuerzos del ministerio del Interior y la Fiscalía General por convencer a la población de la buena marcha en las investigaciones durante una conferencia de prensa la víspera chocaron con denuncias precisas de los reporteros contra el fiscal Néstor Cañete que obligaron a su sustitución.
Cañete, asignado al caso junto a otros dos fiscales, era el mismo que tres años atrás había ordenado la libertad de Acosta y su padre presos por presunto homicidio al encontrarse restos humanos enterrados en su propiedad y ahora le era imposible atraparlo nuevamente.
El cariz tomado por los acontecimientos, las públicas acusaciones de protectores o protegidos del narcotráfico a un grupo de parlamentarios, todos ellos del gobernante Partido Colorado, y las diarias protestas en las calles, impulsaron la convocatoria de una Cumbre de Poderes del Estado.
El presidente Horacio Cartes ordenó la reunión para el próximo lunes con una agenda integrada por el análisis de las investigaciones del asesinato de Medina, las denuncias de corrupción en órganos estatales y la ya señalada presencia de la narcopolítica en distintas instancias del Estado.
Por Javier Rodriguez Roque
Asunción, 1 de noviembre 2014
Crónica Digital / PL
