El diputado Socialista por la Región de Coquimbo, Marcelo Díaz, dio a conocer esta mañana el resultado de un informe de la Contraloría que acreditó el actuar irregular del ex concejal y actual alcalde La Higuera, Yerko Galleguillos (UDI), quien declaró ser una persona indigente ante FONASA y, en esa condición, recibió atención gratuita en el sistema de salud público.
Tras un año y medio de investigación hecha a solicitud del parlamentario PS, el organismo fiscalizador constató que mientras fue concejal, entre los años 2008 y 2012, Galleguillos figuró como beneficiario del grupo A de FONASA, categoría que se encuentra reservada para las personas más pobres del país, según dispone la ley Nº18.020.
Según informó el diputado Díaz, “la contraloría estableció que el 13 de febrero del año pasado, el actual edil de La Higuera solicitó en el consultorio de salud de esa comuna ser clasificado como una persona indigente, declarando entonces tener un ingreso mensual de $ 30.000”.
“Todos sabemos que el sueldo de un concejal es muy superior a esa cifra. Además, de acuerdo al mismo informe de la contraloría, en enero del año 2012, el entonces concejal Galleguillos accedió a una remuneración cercana al $ 1 millón de pesos y, en los meses siguientes, sus ingresos superaron la suma de $1 millón cuatrocientos mil pesos, porque se desempeñaba al mismo tiempo como funcionario de la gobernación de Coquimbo”.
Díaz señaló que “durante el período en que Galleguillos fue beneficiario de FONASA fue atendido en forma gratuita en el Hospital San Juan de Dios de La Serena y en el Hospital San Pablo de la comuna de Coquimbo”.
El legislador informó que la investigación de la contraloría concluyó que era necesario remitir los antecedentes al Ministerio Público por la eventual existencia de delitos relacionados con el procedimiento que realizó Galleguillos para obtener este beneficio.
Del mismo modo, expresó que la contraloría instruyó un sumario administrativo, para delimitar la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en la tramitación de los antecedentes que calificaron al ex concejal como una persona indigente.
“Nos haremos parte también en la investigación que lleve adelante el Ministerio Público, porque, a nuestro juicio, existe una eventual utilización delictual de documentos que concedieron este beneficio al alcalde, lo que resulta particularmente grave, además, porque fue adquirido como autoridad electa en una de las comunas más pobres de la región de Coquimbo”.
Finalmente, el diputado llamó al presidente de la UDI, el diputado Patricio Melero, a tomar conocimiento de este informe y que se asuma la responsabilidad política correspondiente. “Llegó la hora de que los partidos políticos exijan a sus militantes el cumpliendo irrestricto de la ley y las más altas normas de probidad en el desempeño de un cargo público”, puntualizó Díaz.
Santiago de Chile 3 de agosto 2013
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