Desde la aprobación por parte de la Asamblea de Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, del instrumento internacional que reconoce los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, en nuestro país todavía estamos lejos de sentirnos satisfechos. La carencia de un Sistema de Protección Integral, con su correspondiente Ley y la figura de un Defensor del Niño, entre otros aspectos, sigue constituyendo la más estructural de las vulneraciones que nuestra sociedad comete contra los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile.
Porque si bien conocemos de las vulneraciones más ineludibles que nos sacuden a diario, como el abuso sexual infantil, incluyendo la explotación sexual comercial, o la extensión del maltrato en la familia y en la escuela, entre tantas otras.
Porque además, en el orden de los derechos exigibles por parte de niños, niñas y adolescentes, Chile carece de un sistema que garantice educación de calidad, salud al alcance de todos, o siquiera la posibilidad de que ellos y ellas ejerzan su derecho a ser oídos y a participar.
Porque aun cuando el diagnóstico por parte de especialistas, autoridades y de los propios niños y niñas, es que estamos al debe a la hora de proteger a las personas menores de edad que viven en nuestro país.
A pesar de todo, el Estado de Chile no ha encontrado en sus autoridades, más que con muy pocas excepciones, la voluntad política de dejar de vulnerar día a día los derechos de niños, niñas y adolescentes, al negarse a crear el Sistema de Protección Integral que se requiere para que todos sus habitantes menores de 18 años, hayan sido vulnerados o quieran ejercer su ciudadanía, puedan tener certeza de que sus derechos serán garantizados.
Cuando en 2012, con la inédita alianza de todas las instituciones de la sociedad civil para crear un proyecto de ley ad hoc, que luego fue consensuado con el actual gobierno y UNICEF, parecía que nos encaminábamos a superar esta carencia histórica, nuevamente la autoridad política pertinente decidió retroceder sus pasos y profundizar el insuficiente sistema actual.
Chile es el único país de América Latina que carece de un Código o Ley de Protección Integral. En ya tres informes consecutivos, el Comité de Derechos del Niño ha encomendado al Estado chileno que resuelva esta falencia.
Y, sin embargo, 23 años después de la Convención sobre los Derechos del Niño y 22 años después de su ratificación por parte de Chile, podemos afirmar que seguimos con una deuda que urge ser pagada.
Fuente: ACNUR
Santiago de Chile, 28 de noviembre 2012
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