El referido tribunal desestimó un recurso de protección contra el citado tributo interpuesto por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y avaló de hecho la realización del polémico acto.
Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, dijo que los tribunales le dieron la espalda a las víctimas de la dictadura (1973-1990), frente a lo cual llamó a la ciudadanía a manifestarse contra lo que consideró como una apología del terrorismo de Estado en Chile.
El abogado Boris Paredes, de la AFDD, lamentó la resolución judicial y recordó que lo aprobado es una provocación contra las numerosas víctimas del pinochetismo en Chile.
Mientras, sectores de la oposición y numerosas organizaciones sociales criticaron la postura del gobierno ante el mencionado homenaje en el que se prevé proyectar el documental «Pinochet», galardonado recientemente por círculos reaccionarios residentes en Miami.
Calificaron de permisiva la actitud de La Moneda -que dijo no apoyaba, pero tampoco podía impedir el acto- y consideraron que con ese «dejar hacer» son responsables de lo que pueda suceder frente a un hecho que es repudiado por la mayoría de los chilenos.
Trascendió que detrás de la impugnada iniciativa se encuentra Alvaro Corbalán, ex jefe operativo de la policía pinochetista, condenado por crímenes de lesa humanidad y quien guarda prisión en el penal de Punta Peuco de Santiago.
Para el Partido Comunista de Chile, tal «ofensa a las víctimas y a los familiares de estas, que tienen el legítimo derecho a protestar, es una prolongación del sufrimiento y no puede quedar impune».
Remarcaron los comunistas chilenos que es necesario poner fin al clima de odio que se pretende generar de nuevo en una sociedad que aún no puede cerrar las heridas provocadas por la dictadura de Pinochet, debido a la complacencia de algunos sectores.
Santiago de Chile, 9 de junio 2012
Agencias/ PL
