Son dos fechas de la mayor relevancia para la vigencia de los Derechos Humanos y para hacer efectivo su respeto por todos, sin exclusiones. Fechas que Chile no celebrará como corresponde a una nación que se siente orgullosa de haber recuperado la democracia hace ya largos 17 años y de sus logros en el campo internacional, pero no los del derecho y la justicia, sino solo de los valores económicos convertibles en divisas, que parecen los únicos de interés.
Han sido nueve años en que hemos luchado sin descanso, primero por llegar el 2002 como Estado Parte a la Corte y luego, cuando fue evidente que no llegaríamos, por entrar entre los 100 primeros, meta que tampoco se logró, resignándonos ahora con ratificar el tratado, acción deseada por la gran mayoría del país pero negada por esa minoría que, con el 30% de los votos, consigue el 50% de la representación en las elecciones por obra y gracia de un sistema que distorsiona la voluntad popular y propicia el co-gobierno que nos rige.
No se entiende una oposición tan cerrada a la ratificación, que ha logrado que solo hayamos avanzado en uno de los seis o siete trámites necesarios para lograrla. Un país en el que todos, sin excepción, dicen horrorizarse de lo que sucedió en la dictadura y en el que los que fueron pilares de ese gobierno de facto, hoy rasgan vestiduras aparentando ser blancas palomas y arrancan y niegan los actos, contactos y relaciones que los identifiquen como lo que fueron y que, aparentemente, siguen siendo.
Parece que en su mal entendido afán de perpetuar la impunidad de muchos y, posiblemente la suya propia, no quieren saber que la jurisdicción de la CPI no tiene efecto retroactivo, por lo que no podrá alcanzarlos por actos del pasado. Tampoco que es supletoria de la acción de los Tribunales del país y que está llamada a actuar sólo si éstos no actúan.
Menos parece entenderse que al no ratificar se está amparando a los peores criminales contra la humanidad y los horrores que vemos todos los días en el Congo, en Darfour, en Irak, en Guatánamo, en Beijing y en tantos otros sitios en que la vida humana no vale nada, desconocedores los detractores que la adhesión a la CPI es una garantía para todos, incluidos ellos, de que nunca mas habrá torturas masivas, homicidios ni desapariciones para el exterminio de los que no piensan como el que detenta la fuerza en un momento determinado y que, si las hay, los criminales serán debidamente castigados y no quedarán en la impunidad.
Chile no puede seguir ausente de la CPI. Deben redoblarse los esfuerzos para lograr los votos que faltan para asegurar los 3/5 requeridos, trabajando para convencer o, si eso no es posible, avanzar en restablecer el imperio democrático de las mayorías efectivas y no ficticias como la que vivimos.
No es posible que quienes se dicen progresistas patrocinen proyectos de ley que entregan inmunidad a militares extranjeros y no se preocupen de trabajar por poner fin efectivamente a las atrocidades en el mundo. Basta de señales equívocas y de intereses personales o partidiarios que han impedido reflejar la realidad de las mayorías en el Parlamento.
Deben buscarse los votos requeridos para desplazar a los beneficiados con el 30% ganador en vigencia y así asegurar el camino de Chile a La Haya, tanto como ratificar el Convenio 169 de la OIT y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la Pena de Muerte, instrumentos de Derechos Humanos de la mayor importancia y vigentes en el mundo sin la participación de Chile, que debería mostrarse especialmente interesado en que los horrores que vivimos, no los volvamos a vivir y no se vivan en ninguna otra parte.
Por Leonardo Aravena Arredondo
Profesor de Derecho Procesal, Universidad Central de Chile. Coordinador Justicia Internacional y CPI, AMNISTÍA INTERNACIONAL – CHILE.
Santiago de Chile, 2 de julio 2007
Crónica Digital
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