Dos recursos de protección contra el Administrador Financiero del Transantiago, la empresa Sonda y contra Metro S.A., por la amenaza y vulneración de los derechos a la vida, a la integridad física de los usuarios, y el derecho a la libertad de movimiento, de todos los usuarios del sistema Transantiago presentó hoy en la Corte de Apelaciones de Santiago el senador Alejandro Navarro, junto a Pedro Leiva, Presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes del Tránsito y el abogado Werner Blaschke, quien patrocina a afectados por el transporte público.
El parlamentario señaló que esto significa que Raúl Véjar, gerente general y Andrés Navarro Haeussler, presidente de SONDA respectivamente; Enrique Méndez, gerente general del Administrador Financiero Transantiago S.A.; Blas Tomic, gerente general del Metro, y su gerente comercial y de servicio al cliente, Alvaro Caballero, deberán comparecer ante la justicia, por las graves omisiones e incumplimientos que han redundado en desmayos, accidentes, muertes, siniestros y caos generalizado, lo que viola los derechos constitucionales de los ciudadanos de Santiago”.
Navarro, agregó que “el caos se produce por el incumplimiento de todas las obligaciones que estipulaba el contrato que suscribió con el AFT, respecto a la prestación de servicios complementarios de administración financiera del sistema de transporte público de pasajeros de Santiago, en especial la cláusula séptima, referidas a las obligaciones anexas. No hay software ni sistema GPS. La flota de buses transita a ciegas.
“El proveedor tecnológico -añadió- debía instalar en todos los buses cuatro sistemas: una central de administración de recaudo, de embarcado, una central de datos de transporte, y otro de control y monitoreo de flota que, en conjunto, conformarían el Centro de Ayuda a la Explotación de Flotas (CAEF) y el Centro de Operación de Flotas (COF). Todo, de acuerdo a lo señalado en el Formulario Nº 57 Antecedentes del Proveedor o Integrador Tecnológico, lo que quedaría en manos de las empresas Siemens y TIMM. Sin embargo, Sonda en forma unilateral y discrecionalmente instaló equipos de Siemens. En la práctica es un hecho notorio y sufrido por los ciudadanos, quienes se han visto gravemente afectados por el incumplimiento de las bases generales y técnicas de la licitación pública”.
El legislador socialista señaló que “en cuanto al Metro, esta empresa pudo implementar medidas para evitar el colapso, los abusos, los desmayos y los accidentes. ¿Qué costaba poner vagones preferenciales?. El presidente del Colegio Médico, acreditó técnicamente que el Metro es hoy un lugar peligroso al señalar que tomar Metro en las horas punta hoy es un riesgo para la salud.
El recurso presentado solicita que la Corte ordene a Sonda que en un plazo de 10 días implemente el software necesario para operar correcta y eficazmente los sistemas de información del Transantiago, bajo riesgo que el AFT termine el contrato con esa empresa por incumplimiento, extendiendo la responsabilidad a sus componentes, actuales y originales. También pide que el AFT contrate de inmediato otra empresa para hacerse cargo de los sistemas de información del Transantiago, y solicita que Sonda cumpla su servicio hasta ser reemplazada.
A su vez, respecto del Metro, el recurso pide que la Corte ordene la implementación de vagones preferentes para enfermos, mujeres embarazadas y tercera edad; de un equipo de profesionales médicos por estación de Metro, o por lo menos en las estaciones intermodales; que adquiera más vagones para ponerlos a disposición del público; cierre de las estaciones en caso de colapso; aumentar la regularidad de los buses clones, cuya administración depende del Metro y ordenar su disposición preferente en las estaciones de mayor flujo en horas punta.
El parlamentario indicó que estos recursos se basan en la amenaza y vulneración del derecho a la integridad física y psíquica de los recurrentes, derechos ambos garantizados en el Nº 1 del artículo 19 de la Constitución Política y también la vulneración y amenaza de la libertad ambulatoria, derecho reconocido en el artículo 19 Nº7 de la Constitución. Es los próximos días, de ser acogidos a tramitación, se espera que la Corte acoja las órdenes de no innovar solicitadas.
Santiago de Chile, 22 de marzo 2007
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