Tras analizar la documentación financiera que recibieron las autoridades chilenas, el Hong Kong & Shanghai Banking (HSBC) aseguró la víspera que los certificados sobre los depósitos de 9,6 toneladas de lingotes de oro del ex dictador son falsos.
La entidad indicó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) les había remitido copias de los antecedentes que, a través de un supuesto operador financiero, obtuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores en Estados Unidos.
“Estamos en condiciones de confirmar que dichos documentos son falsos”, enfatizó la HSBC en un comunicado de prensa.
Insistió además, tal como señaló en dos oportunidades anteriores, que no ha encontrado cuentas bancarias a nombre del ex gobernante chileno, aunque reiteró su disposición para seguir colaborando con los requerimientos de los tribunales de justicia.
El anuncio fue emitido poco después de que la Corte de Apelaciones de Santiago autorizó al juez Juan González, sustituto del suspendido magistrado Carlos Cerdas en el seguimiento de la causa Riggs, a pesquisar la posible veracidad de la documentación.
Inmediatamente después del fallo, González ordenó el envío de sendos exhortos a Hong Kong y Alemania para determinar la veracidad de los documentos que recibió el consulado de Chile en Los Angeles, a través de un supuesto operador financiero.
No obstante su declaración, fuentes vinculadas al proceso afirman que la HSBC estaría obligada a abrir una investigación en toda regla si un juez de Hong Kong recibiera una comisión rogatoria de la justicia chilena acompañada de documentos probatorios verificados.
Mientras tanto, el desmentido de la entidad bancaria sirvió de estímulo a la derecha opositora, que desde un inicio acusó al gobierno de levantar una cortina de humo en torno al supuesto oro de Pinochet para desviar la atención del escándalo de Chiledeporte.
Parlamentarios de la Alianza por Chile concurrieron la víspera hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para ampliar la querella presentada por las irregularidades en el manejo de fondos detectadas en el ente estatal de deportes.
El diputado Nicolás Monckeberg dijo que se amplió al delito de asociación ilícita “porque hemos llegado al convencimiento total de que aquí, dentro de Chiledeportes, no operaba una sola persona de forma aislada, sino que había toda una ramificación”.
Esa red -dijo- estaba compuesta por funcionarios públicos de Chiledeportes, por entidades particulares, “muchas de ellas usadas como pantallas, para sacar la plata y también por políticos y dirigentes que usaron estos recursos en campañas políticas”.
A su vez, el diputado Marcelo Forni indicó que la querella del lunes fue presentada por malversación de caudales públicos y fraude al Fisco y la de ayer se amplió a asociación ilícita, falsificación de instrumento público y estafa.
La ampliación de la querella se produjo luego de conocerse una nómina de asignaciones de Chiledeportes a un grupo de parlamentarios y alcaldes oficialistas durante la última campaña electoral.
Se trata de un e-mail enviado por el ex jefe de gabinete del director metropolitano de Chiledeportes, Andrés Farías, del Partido por la Democracia, que incluye una lista denominada “Compromiso de Asignación Directa” por 175 millones de peso (unos 330 mil dólares).
La relación incluye 10 diputados de ese partido oficialista, entre los que figuran Guido Girardi Briere, Carolina Tohá y Enrique Accorsi.
Al director metropolitano del organismo Orlando Morales se le pidió su renuncia ayer junto a otras 12 autoridades regionales del ente deportivo.
Santiago de Chile, 27 de octubre 2006
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