Con esto se puede detener la reproducción permanente de la inequidad y discriminación social que divide a nuestro país, a pesar de la enorme riqueza que se ha generado durante las dos últimas décadas.
Con una fuerza laboral de más de 6 millones de personas, los salarios crecen por debajo del producto interno bruto, la economía crece en un 6% y los sueldos no superan el 2%; el crecimiento de la terciarización, la subcontratación y la precarización, dan como resultado que no más de un 8,3 % negocie colectivamente y de ello más de la mitad sea por convenios impuestos por la propia empresa.
Se agrega a esto una actividad sindical altamente riesgosa, dada la abundancia de prácticas antisindicales; la existencia del reemplazo a la huelga, del despido por necesidad de la empresa, del privilegio de los empresarios de ocultar y tergiversar información sobre la empresa a sus trabajadores, de la privación a los funcionarios públicos del derecho a huelga, del uso de bajos estándares laborales como ventajas de competitividad en el mercado, solo nos lleva a concluir que la Negociación Colectiva NO EXISTE o está OBSOLETA para dar participación en la riqueza a las grandes mayorías trabajadoras en el contexto de la nueva realidad social, económica, productiva y laboral del Chile actual.
Para recuperar la potencialidad de la Negociación Colectiva no basta con cambiar la actual regulación si no que se requiere de una NUEVO CODIGO LABORAL, coherente con los Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, que incluya a los funcionarios/as públicos/as, con un sistema de relaciones laborales basado en la igualdad de las partes, en el respeto, en la libertad sindical, el derecho a organizarse, en la no discriminación de género ni de tipo alguno, que garantice para todos y todas el acceso a un trabajo decente.
Por otra parte, el Sistema Privado de Pensiones de capitalización individual, administrado por las AFPs, agrava aún más la situación de los trabajadores/as ya que deja sin cobertura a más del 40% de la fuerza laboral condenados a una vejez de asistencialidad, y al resto candidatos/as a una pensión de hambre inferior a la mínima en un promedio no superior a los $140.000, que mantiene una alta deuda con los funcionarios públicos dañados previsionalmente por más de dos décadas; ya que además de los altos costos de administración y las utilidades que se llevan las AFPs, los ahorros solo provienen del esfuerzo de los trabajadores y, los empresarios, a diferencia de la mayoría de los países, no tienen ninguna obligación con la vejez de sus trabajadores/as, mientras que el Estado solo se hace responsable de la pobreza e indigencia que se genera como consecuencia de la propia perversión de este sistema.
Para que las pensiones sean dignas no basta con maquillar el sistema de AFPs, es necesario crear un Sistema de Protección Social que no existe en Chile. Pensiones dignas y suficientes para todos y todas sin exclusión, reparación al daño previsional, requieren solidaridad, participación, transparencia y por sobretodo aporte Patronal, un sistema mixto con mayor responsabilidad estatal, con equidad para las mujeres, con libre elección, solo así se garantiza que el sistema de pensiones exprese también una real distribución del ingreso a favor de los grandes mayorías trabajadoras.
En la búsqueda de la equidad y la justicia social, la Negociación Colectiva, la Protección Social son complementadas por la Calidad y Universalidad de la Educación., no clasista, que dote de habilidades y competencias a las nuevas generaciones para insertarse al mundo del trabajo. La educación hace sustentable la equidad en el tiempo.
En Chile no hay educación, hay un negocio educativo sustentado en la LOCE, que eterniza la brecha entre ricos y pobres, que concentra el acceso al conocimiento y a la tecnología en un pequeño grupo privilegiado, por ello la demanda de los estudiantes de no más LOCE, Educación Pública de Calidad, es también una demanda de los trabajadores.
Para que la negociación, la protección social, la educación, logren transformarse en esta trilogía distributiva virtuosa son necesarias reformas estructurales profundas que apuntan al corazón del modelo, y precisan de un reordenamiento de las fuerzas políticas y una correlación más fiel a la real voluntad de las mayorías, de los intereses de los trabajadores/as y sus familias. Un nuevo Sistema Electoral que elimine la exclusión, que termine con el binominalismo, que permita el acceso a los dirigentes sindicales y sociales a cargos de representación pública, dará paso a este nuevo Parlamento.
Estas son las tareas del presente, el Chile actual de tanta inequidad ya no da para más y la infinita paciencia de los trabajadores se agota, no se puede seguir esperando, estas transformaciones serán realidad solo con convergencia y movilización social, si la voluntad de la mayoría logra torcerle la mano a las fuerzas económicas y financieras del gran capital.
Debemos poner al país entero de pie detrás de estas demandas, movilizarse en los centros de trabajo, en los barrios, en las provincias, en las escuelas, en el país, para llegar si es necesario a un PLEBISCITO que muestra la unidad y voluntad de la gran mayoría para los cambios, para un Chile Justo y Democrático.
Empecemos el 20 de agosto, a las 10hrs, en el Caupolicán
Por: Ana Bell Jaras. La autora es Vicepresidenta Nacional
Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 17 de agosto 2006
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