Aunque no tiene responsabilidad en el caso como gobernante, como ex ministra de Defensa -cargo que ocupó hasta meses antes- del gobierno del ex presidente Ricardo Lagos, su presencia en la luctuosa conmoración debe resultarle cuando menos incómoda.
A un año de la tragedia, 45 humildes familias que perdieron a sus seres más queridos, 44 de ellos jóvenes menores de 19 años que acudieron al Ejército buscando lo que la sociedad civil les negaba, continúan clamando por justicia y amparo.
Muchos ni siquiera saben con certeza todo lo acontecido aquel 18 de mayo, cuando un batallón completo de jóvenes inexpertos, sin preparación física ni medios adecuados, fue forzado a una caminata de 27 kilómetros en medio de caóticas condiciones climáticas.
Hace sólo dos días Chilevisión difundió un video aficionado en que se mostraba a oficiales del Regimiento Los Angeles -donde ocurrió la tragedia- bebiendo alcohol antes de la campaña de instrucción en que murieron los jóvenes.
Javier Aguilera, un ex conscripto de esa unidad, confirmó a una radioemisora local que sus superiores solían cantar canciones de guerra mientras se alcoholizaban. “Yo mismo los vi borrachos cuando una noche salí del refugio en compañía de un cabo”, confesó.
“Cantaban canciones de guerra y tomaban”, explicó el sobreviviente de la tragedia que costó la vida a 44 reclutas y un suboficial, el único profesional que arriesgó la vida por salvar a los jóvenes atrapados por una severa tormenta de nieve y viento.
John Quezada -otro de los que lograron salvar la vida-, relató la jornada anterior al incidente: “Este 17 de mayo estábamos esperando todos mojados, porque nos habían dicho iríamos para la casa, bajamos a Los Barros. Ese era el ánimo que teníamos en ese momento”.
“No sé a quien culpar pero personas que están involucradas lo van a tener el resto de su vida en la conciencia”, apuntó.
El abogado Raúl Maza, quien representa a los familiares de las víctimas, afirmó que “nunca podremos saber la verdad completa” de lo acontecido el fatídico día de la tragedia, por la falta de transparencia de la Justicia militar.
Maza culpa al entonces comandante en Jefe del Ejército, general (r) Juan Emilio Cheyre, y al fiscal militar designado para investigar los hechos, de ocultar las irregularidades, tanto personales como institucionales, que dieron lugar a la tragedia.
El jurista cuestionó de plano que el entonces coronel de Justicia Juan Arab se haya negado a citar a declarar al ex comandante en jefe, quien meses más tarde participó en la resolución de su ascenso a general y al cargo de auditor de la institución.
En conversación con El Diario de Cooperativa, el abogado insistió en que “dentro del mérito del proceso existen antecedentes que, a lo menos, justifican una responsabilidad mayor y en consecuencia esa es la lucha que vamos a dar en las instancias judiciales superiores”.
El jurista añadió que Cheyre y el jefe de la III División del Ejército, a cargo entonces del general Rodolfo González, eran “autoridades superiores jerárquicas del magistrado a cargo de la causa”, y de ellos “dependía su ascenso a general”.
“Me pregunto y le pregunto a la opinión pública: ¿Qué imparcialidad puede tener una persona cuyo ascenso dentro de su carrera militar, incluso llegar al grado de general, dependía de estas dos personas?”, cuestionó.
Por: Angel Pino Rodriguez. El autor es corresponsal de Prensa Latina en Chile. Colaborador de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 18 de mayo 2006
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