Por 10 pronunciamientos contra 5 el Tribunal Pleno de la Corte Suprema entregó al Senado un informe favorable a los derechos de filiación y adopción homoparental contemplados en el proyecto de ley de matrimonio igualitario.
Esto luego de que el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, consultara al máximo tribunal sobre aquellas normas del proyecto que modifican el artículo 30 de la Ley 4.808 sobre Registro Civil y el artículo 24 de la ley 19.620 sobre adopciones de menores, referidos al orden de los apellidos de los hijos/as de matrimonios entre personas del mismo sexo.
El proyecto de la presidenta Michelle Bachelet postula que serán los progenitores quienes decidirán el orden de los apellidos de su primer hijo en común. En el caso de los futuros hijos, el proyecto obliga a seguir la misma regla del primero. Ambas propuestas fueron aceptadas por la Suprema.
“La norma en análisis no merece reparos en cuanto otorga al juez o jueza que conozca del procedimiento de adopción, la atribución de determinar el orden de los apellidos del adoptado, sujetándola a la voluntad de los progenitores, por cuanto resulta una mención necesaria, en el contexto en que se encuentran los adoptantes y razonable, por cuanto no se advierte por qué se habría de sustituir a los progenitores en aquella decisión”, dice el Informe.
Explica que en la actualidad el Reglamento Orgánico del Servicio de Registro Civil exige que el apellido paterno vaya primero, pero “la adopción por parte de cónyuges del mismo sexo, genera la necesidad de establecer una regla que determine la forma de resolver el punto, lo que se verifica a través de la modificación propuesta”.
El presidente subrogante Milton Juica y el ministro Lamberto Cisternas se manifestaron a favor de las normas consultadas por el Senado, mientras que los jueces Sergio Muñoz Gajardo, Haroldo Brito Cruz, Andrea Muñoz Sánchez y Jorge Dahm Oyarzún apoyaron la totalidad del proyecto de ley, refiriéndose ampliamente al mismo.
Por su lado, los ministros Guillermo Silva Gundelach, Juan Fuentes Belmar, Ricardo Blanco Herrera y Manuel Valderrama Rebolledo presenciaron la sesión que trató el tema, pero no incluyeron consideraciones específicas en el informe despachado al Senado.
Por último, los/as ministros/as Héctor Carreño Seaman, Carlos Künsemüller Loebenfelder, Rosa Egnem Saldías, Arturo Prado Puga y Patricio Valdés Aldunate se pronunciaron contra la decisión de informar, argumentando un tecnicismo. A su juicio, “ninguna de las normas consultadas queda comprendida en los términos del artículo 77 de la Constitución Política de la República”, la cual faculta a la Suprema a emitir opinión sobre determinados proyectos de ley.
Ministros Muñoz G, Brito, Muñoz S y Dahm
Tales magistrados analizaron en detalle el proyecto de ley de matrimonio igualitario, destacando o resaltando varios puntos del Mensaje Presidencial que lo encabeza.
En ese sentido, sostuvieron que en el Mensaje se establece que el proyecto de ley busca terminar “con discriminaciones odiosas que, sustentadas en prejuicios y arbitrariedades, actualmente impiden que estas personas adquieran el vínculo matrimonial”.
De esa manera, señala la Suprema al citar el Mensaje, se daría fin a “la discriminación estructural que sufren las familias formadas por parejas homosexuales, y que afecta todas sus interacciones con la sociedad; en tanto el matrimonio no es, ni ha sido jamás, una simple regulación de la propiedad, la herencia y la procreación (…) Es en ese sentido, indica que para cumplir con el deber moral, jurídico y con el mandato constitucional se hace necesario extender a las parejas homosexuales, la que se estima como “la más alta forma jurídica de protección a la familia”, esto es, el matrimonio y su estatuto”.
Los ministros recuerdan además que el proyecto de ley “se dicta en el contexto del compromiso que el Estado de Chile ha adoptado de velar para que la legislación promueva la dignidad de todas las personas sin distinción por su orientación sexual o identidad de género, con ocasión del acuerdo de Solución Amistosa, arribado ante al Comisión Interamericana de Derechos Humanos con las personas que indica y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh”.
Pero los ministros no solo recordaron o resaltaron lo señalado por el Mensaje del proyecto de ley, pues también emitieron opiniones propias.
A su juicio “las modificaciones al Código Civil lo que hacen es adaptar su lenguaje para darle un carácter igualitario a la institución del matrimonio”
En tal contexto comparten “la conveniencia de establecer una regla que vincule a los progenitores con la decisión que tomaron, en relación al orden de los apellidos, cuando inscribieron a su primer hijo común. Ello va en beneficio de interés superior del niño o de la niña en la medida que contribuye a hacerlo sentir parte de una familia con un mismo origen en relación a los otros hermanos, lo que reafirmará su identidad. Por otra parte, es una regla que concilia este interés de los hijos con la autonomía de la voluntad de los progenitores en la medida que les da la oportunidad que sean ellas o ellos quienes decidan el orden de los apellidos que llevarán sus hijos comunes, ero una vez ejercida dicha facultad deben someterse a esa decisión en beneficio de los niños”.
En este plano, Muñoz y Dahm advirtieron, por último, que de aprobarse el matrimonio igualitario se provocará desigualdad en relación a las parejas heterosexuales, las cuales no pueden decidir el orden de apellidos de los hijos. Por ello, dichos ministros aconsejaron aprobar un proyecto de ley (. (boletín 10.396) que termina con este problema que afecta a las parejas de distinto sexo
Reacción del Movilh
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) festejó ayer los pronunciamientos de la Suprema y en especial de los ministros Sergio Muñoz, Haroldo Brito, Andrea Muñoz y Jorge Dahm
“En su informe los ministros reconocen y respetan la diversidad familiar, lo cual sin duda servirá como argumento para el avance del matrimonio igualitario y la adopción homoparental en el Congreso Nacional”
El organismo añadió que “el informe cumple además con el compromiso internacional que asumió el Estado de Chile ante CIDH. Esperamos que el Legislativo se ponga también a la altura de estas circunstancias. En la actualidad es muy claro que el Poder Ejecutivo y Judicial están más avanzados que el Legislativo en materia de igualdad de derechos para la diversidad sexual y de género”
Santiago de Chile, 6 de octubre 2017
Crónica Digital
