Con los resultados obtenidos en 2016, apunta la misma fuente, Italia superó el nivel alcanzado en el 2000, cinco años más tarde que Alemania y Francia.
A causa de la crisis, el monto de la deuda pública llegó en 2016 a casi el 133 por ciento del PIB, un incremento del 33 puntos en comparación con 2007, lo cual representa un fardo muy pesado en lo que respecta al pago de intereses y servicio de los compromisos asumidos.
De acuerdo con los más recientes pronósticos, la economía italiana ocupa el último lugar en cuanto a perspectivas de crecimiento para el presente año, con el uno por ciento, siete décimas por debajo del promedio general de la Eurozona, según el estimado de la Comisión Europea (CE) en sus previsiones de primavera. En su más reciente informe sobre el índice de justicia social en la Unión Europea (UE), la Fundación Bertelsmann, con datos de 2016, sitúa a Italia en el lugar 24, con 4,78 puntos, por delante solamente de España (4,76); Bulgaria (4,03); Rumanía (3,91); y Grecia (3,66).
El estudio tomó como referencia 36 indicadores agrupados en seis dimensiones: prevención de la pobreza, educación equitativa, acceso al mercado de trabajo, cohesión social y no discriminación, salud, y justicia intergeneracional.
En el primero de los acápites se tomó en cuenta el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, el cual alcanzó en Italia el 28,7 por ciento de la población, equivalente a 17 millones 469 mil personas, para colocarse en el lugar 21.
A continuación se ubican Chipre (28,9), Croacia (29,1), Lituania (29,3), Latvia (30,9), Grecia (35,7), Rumanía (37,3) y Bulgaria (41,3).
La clasificación de personas en esa situación se realiza en correspondencia con la definición compartida de la denominada ‘Estrategia Europa 2020’, plan decenal de desarrollo de la Comisión Europea basado en una visión de crecimiento ‘inteligente, sostenible y solidario’.
Uno de los cinco objetivos de esa estrategia es reducir al menos en 20 millones las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, categoría en la cual se incluye a quienes experimentan al menos una de las siguientes condiciones: riesgo de pobreza, graves privaciones materiales o baja intensidad laboral.
El compromiso de Italia es reducir a 12 millones 882 mil esa cifra para 2020, meta que a todas luces parece muy difícil de lograr.
Al interno de la península y las islas, las diferencias son notables entre los tres segmentos en los cuales se divide el país, con un máximo del 46,4 al sur, el 24 por ciento en el centro y el 17,4 por ciento en el Norte.
Más específicamente, en el nivel de regiones, la situación se agudiza en Sicilia con el 55,4 por ciento, Apulia, el 47,8 y Campania, el 46,1.
El Istat, por su parte, se refirió al 11,9 por ciento de la población, equivalente a 7,2 millones de personas que sufren ‘privaciones materiales severas’, más de tres puntos por encima de la media europea.
Otro indicador en el cual Italia aparece rezagada en el lugar 22 es el de la educación equitativa, con 5,49 puntos, superior a la media de 6,23, con Finlandia y Suecia en la punta, con 7,76 y 7,72, respectivamente, en tanto que Eslovaquia (5,38), Grecia (5,18), España (4,98), Rumanía (4,67), Portugal (4,50) y Malta (4,34) marchan en la cola.
En cuanto al desempleo, a pesar de avances, la situación sigue siendo complicada en el lugar 24, con el 11,7 por ciento en general, comparado con la media del ocho para la UE y el 9,5 para la Eurozona. El incremento de la desocupación en los últimos 10 años refleja la severidad del impacto de la crisis sobre la economía italiana y, si en 2008 era del 6,7 por ciento, se empinó hasta el 13,5 en el primer trimestre de 2014 para descender a su nivel actual en el primer trimestre de 2017.
De esta manera el número de personas en paro ascendió a tres millones 22 mil, equivalente a 86 mil más que el año precedente.
En los tres primeros meses del presente año el panorama mejoró, sin embargo, en el grupo etario comprendido entre los 15 y los 24 años, en el cual descendió el 3,4 por ciento respecto a 2016 y se ubicó en el 34,1, la cifra más baja desde 2012 cuando se reportó el 33,4.
En lo que respecta a la desigualdad en la distribución del ingreso, Italia comparte -según el Istat- los lugares 17 y 18 con el Reino Unido, ambos con un coeficiente Gini de 0,324, por debajo de la media europea de 0,31 en un elenco encabezado por Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia.
Este método de medir la desigualdad o la concentración de los ingresos o de la riqueza parte de cero como valor ideal de distribución con uno en el polo opuesto de máxima concentración.
A la creciente desigualdad entre los italianos en términos de ingresos se refirió el director general de Oxfam-Italia, Roberto Barbieri, al calor de una audiencia parlamentaria sobre ese tema en noviembre de 2016.
Puntualizó, en declaraciones al diario La Repubblica, que en Italia el uno por ciento más rico posee el 23,4 por ciento de la riqueza nacional.
Se trata -dijo- de una desigualdad preocupante e insana, ya sea desde el punto de vista económico o de consideraciones más éticas y recordó que una investigación realizada en ese momento por el Instituto Demópolis comprobó con claridad la percepción del público sobre este fenómeno y la disparidad de oportunidades.
Barbieri señaló que los políticos no pueden seguir retrasando la adopción de soluciones ambiciosas en materia de justicia fiscal, enfrentando los abusos en ese sentido tanto en Italia como en el nivel internacional, los cuales ‘alimentan la gran desigualdad de nuestro tiempo’.
El 61 por ciento de los entrevistados por Demópolis consideró que en los últimos cinco años se produjo un aumento de la desigualdad, atribuida por el 76 por ciento a los ingresos, el 63 al patrimonio, el 60 a las oportunidades de empleo, el 56 al acceso a servicios de salud, el 42 a la calidad de la vivienda y el 31 al acceso a la educación.
En cuanto a las condiciones que promueven la desigualdad, el 65 estimó que son la evasión y la elusión fiscal, el 64 lo atribuyó a las relaciones políticas clientelistas y el 60 culpó a las políticas en los campo económico y fiscal.
El 82 por ciento opinó que el sistema fiscal italiano no es equitativo y el 83 por ciento manifestó que la evasión y elusión sustraen importantes recursos financieros que el Estado podría invertir en servicios públicos.
Por Frank González
*Corresponsal de Prensa Latina en Italia.
Roma, 1 de julio 2017
Crónica Digital / pL
