España recuerdó el 75 aniversario del fin de la Guerra Civil (1936-1939) todavía con heridas sin restañar, lagunas históricas y unos 100 mil personas asesinadas en la brutal contienda enterrados en lugares desconocidos.
Según una investigación del exjuez de la Audiencia Nacional Baltazar Garzón la cifra de víctimas desde el golpe de Estado de 1936 a la muerte del dictador en 1975, fue de 150 mil personas.
Julián Casanova, catedrático de la Universidad de Zaragoza, coincide con la cifra y estima que una tercera parte de las muertes se registraron luego de terminados los combates, expresión de la dureza de los vencedores hacia los republicanos derrotados.
Una serie de exhumaciones iniciadas en el 2000 lograron identificar seis mil 500 cadáveres enterrados en cunetas al lado de las carreteras, donde se les dejaba como escarmiento, pero luego de 1939 la mayoría fue ocultado en fosas comunes.
Se trata de esqueletos con signos de haber sido asesinados, la mayoría hombres pero también un cuatro por ciento de mujeres.
De acuerdo con los estimados de historiadores y asociaciones de víctimas más de 30 mil niños de familias de republicanos fueron robados y la mayoría vive hoy sin conocer su verdadero origen.
Se trataba de una práctica para extirpar de raíz a los vencidos, que en un momento llegaron a sumar la cifra de 270 mil encarcelados, y que provocó el exilio de unos 300 mil españoles luego del triunfo del dictador Francisco Franco.
El intento por identificar a los desaparecidos tiene la oposición de sectores que consideran ayudaría a reabrir las disputas, pero las asociaciones de víctimas, que se quejan de la carencia de apoyo estatal, consideran imprescindible el rescate de la memoria histórica.
Muchos de los técnicos trabajan en la identificación de la víctimas de forma gratuita y las organizaciones acuden a diversos recursos, como las donaciones, para obtener las finanzas con las cuales poder seguir adelante con la búsqueda.
Desde 1977 fue aprobada en España una ley de amnistía para los actos de intencionalidad política, utilizada como argumento para no juzgar los crímenes cometidos por el franquismo.
El Comité de la ONU para las desapariciones forzadas recomendó al gobierno español dejar sin efecto esa ley y ofrecer ayuda a las víctimas, pero la respuesta fue limitar la aplicación del principio de Justicia Universal, esperanza de algunos para terminar la impunidad.
Los próximo 3 y 10 de abril se realizarán audiencias para la extradición del exinspector Juan Antonio González, “Billy el Niño” y el guardia civil Jesús Muñecas, reclamados por la Justicia argentina por torturas durante la dictadura de Franco (1936-1975).
El procedimiento se realiza a partir de la decisión de la jueza argentina María Servini, quien dictó órdenes de búsqueda y captura contra ambos, acusados de torturar a 13 personas entre 1971 y 1975.
El portavoz de la Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina, Chato Galante, adelantó que tienen la absoluta seguridad de que la Audiencia Nacional rechazará la extradición y bloqueará este primer intento de juzgar crímenes del franquismo.
Los querellantes consideran que la Fiscalía intenta bloquear el proceso con el criterio de preferencia de la jurisdicción del estado español, donde se cometieron los hechos, para evitar la duplicidad de procesos.
De aceptar el tribunal este principio, los responsables de esas violaciones no pagarían por ellas, pues el Código Penal español de 1973 establece la prescripción a los 10 años.
Otros como el exjuez Baltasar Garzón defienden que esos crímenes no prescriben porque fueron atentados contra la humanidad y consecuencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación y desaparición de miles de personas.
Al margen de la polémica, a 75 años de la derrota republicana en España ningún responsable de asesinatos y torturas ha sido llevado a la justicia y la memoria histórica está incompleta, afirman las víctimas del olvido.
Por Miguel Lozano
Madrid, 3 de abril 2014
PL
