Garzón, quien logró en 1998 que el ex gobernante de facto fuera detenido por casi dos años durante una visita que hizo a Londres, explicó que una orden de detención lo que significa es sólo que la persona no ha podido ser presentada en los tribunales.
“En el momento en que eso acontezca, la situación puede ser desde la prisión a la libertad. Si esto no se ha producido, no puede venir el juez y llevárselo de la mano. Tiene que utilizar los mecanismos únicos que establece el derecho”, dijo el magistrado, de visita en Santiago.
Sin embargo, señaló que aunque se mantiene abierto en España el caso contra Pinochet, éste sólo podría recibir una pena por delitos menores a castigo dos años de cárcel, pues no podría ser condenado en ausencia por violaciones a los derechos humanos.
El juez dijo también que el ex dictador no puede ser sentenciado sin su presencia en casos de “crímenes de mayor calado que afectan a los derechos humanos, pero sí en aquellos que tengan una pena menor a los dos años de prisión”, como los relacionados con el caso Riggs.
En sus declaraciones, Garzón reiteró sus llamados para que los procesos judiciales que actualmente se desarrollan en Chile contra el nonagenario ex militar se agilicen, y poder dar respuestas a quienes sufrieron durante el gobierno militar.
El magistrado, invitado por organizaciones de familiares de las víctimas de la dictadura militar, recibió ayer de la Universidad Central de Santiago el titulo de Doctor Honoris Causa por su contribución a la lucha por la vigencia de los derechos humanos.
Santiago de Chile, 29 de agosto 2006
Crónica Digital , 0, 81, 3