Entre otras cosas, el informe insta a decretar una amnistía general para los presos políticos mapuche y la revisión de los juicios, lo que “ha puesto a Chile en la bochornosa situación de que su Presidenta tenga que ser abordada en el exterior por personalidades y organismos internacionales para abogar por los derechos humanos indígenas en nuestro país”, dijo el dirigente comunista.
Asimismo, Hernández afirmó que “en vez de defenderse frente a las declaraciones que no sólo el Juez Juan Guzmán sino múltiples organizaciones y personalidades en el mundo, como José Saramago, Noam Chomsky y Amnistía Internacional, están realizando en favor de los mapuches que llevan 61 días en huelga de hambre. El Ministro, debiera responder porqué el Gobierno de Chile no ha implementado ni una sola medida de las recomendadas en ese informe para proteger los derechos humanos del pueblo mapuche, luego de casi tres años desde su evacuación”, señaló Hernández, quien estuvo a cargo de las conversaciones entre el PC y el Ministerio del Interior en torno a encontrar una salida a la huelga.
El dirigente comunista subrayó que lo más probable es que de haberse tomado medidas en este aspecto, no se estaría dando la situación actual “en que cuatro dirigentes mapuches han debido llegar al límite de sus fuerzas, exponiendo su propia vida para llamar la atención sobre una situación que hace años fue alertada tanto por la ONU, como por Amnistía Internacional, Human Righs Watch, la Federación Internacional de Derechos Humanos y otras prestigiadas organizaciones, a las cuales en ningún caso se le podría adjudicar falta de objetividad o amparo al terrorismo”, indicó.
Hernández citó como ejemplo la recomendación Nº 75 del Relator Especial al Gobierno de Chile, de considerar una amnistía general para los presos mapuches procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas, así como también la Nº 71, en la que insta al Gobierno a revisar el caso de los lonkos, Pascual Pichun y Aniceto Norín, “con estricto apego a las garantías del debido proceso establecidas en las normas internacionales de derechos humanos”.
El informe textualmente dice “no deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos como asociación terrorista y asociación delictuosa, respecto a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”.
“No obstante – argumentó Manuel Hernández- después de entregado este informe y haciendo caso omiso de sus recomendaciones el Ministerio del Interior siguió haciéndose parte y alegando en causas que acusaban de terroristas a dirigentes mapuche por su actividad de legítima protesta social”, afirmó el dirigente comunista.
Santiago de Chile, 11 de Mayo 2006
Crónica Digital , 0, 59, 3
