El 40.6 por ciento de los hogares se encuentran bajo la línea de pobreza y sin protección social básica, lo cual afecta a 213 millones de personas, 88 millones de las cuales viven en condiciones de pobreza extrema, advierte la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), en su último informe sobre el tema.
El texto, denominado La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad, que hoy se entregará a los países que forman parte de este organismo internacional, destaca a México como una de las tres naciones en el área, por debajo de Panamá y Paraguay, con la mayor incidencia de pobreza extrema entre indígenas y afrodescendientes.
Aunado a ello, sólo 55 por ciento del total de sus trabajadores tiene seguridad social, aunque en el área rural 68.2 por ciento carece de este derecho. Ubica al país en un nivel relativamente bajo de cobertura en materia de jubilaciones y pensiones (de 23 por ciento, cuando el que más, Uruguay, alcanza 93).
De acuerdo con la Cepal, en América Latina y el Caribe existen “verdaderos grupos de interés que ejercen presión para obtener prebendas o mayores prestaciones, y que consiguen ventajas en relación con otros grupos porque tienen mayor poder fáctico, mayor vinculación partidaria con el gobierno o mejores redes de contactos”.
Afirma que en nuestras sociedades y economías “persisten factores estructurales de exclusión, como la segmentación en función de la inserción productiva, y una acentuada inequidad en términos de acceso a activos y patrimonios”, lo cual “perpetúa y refuerza las desigualdades e impide que el progreso tenga un efecto distributivo acorde a lo prescrito por los derechos económicos, sociales y culturales”.
Pero también considera que hay nuevos riesgos y restricciones relacionados con la volatilidad económica, la vulnerabilidad externa, los cambios en el paradigma laboral y el papel creciente de los “poderes fácticos”, Entre ellos, que las nuevas exigencias de protección “erosionan la capacidad de los estados para responder” en la materia; la rigidez en la distribución del ingreso; problemas para reducir el contingente de pobres, y una creciente constricción y precarización del empleo.
Violación de derechos derivada de desigualdades
Representación en Costa Rica del duelo por el presidente electo Oscar Arias y el presidente estadunidense George Bush, en protesta por el TLC con el país del norte, durante una marcha que atravesó San José FOTO Reuters
La Cepal destaca el hecho de que un amplio contingente de individuos “no logre acceder a un conjunto básico de satisfactores”, por la existencia del “círculo vicioso de reproducción de la pobreza”, donde los jóvenes nacidos en ese tipo de hogar tienen menos acceso a mercados y a activos que les permitirían superar su condición. Pero considera más dramática aún la “violación de derechos, derivada de las desigualdades, cuando éstas determinan la posibilidad de sobrevivencia en los primeros años de vida”.
Inclusive califica de “éticamente inadmisible una mala distribución del ingreso, si la región produce suficientes alimentos para garantizar una alimentación adecuada al triple de su población, y pese a ello aún hay países en los que la subnutrición, la desnutrición global y la desnutrición aguda se mantienen en niveles altos (sobre todo entre la población que vive en condiciones de extrema pobreza, entre los miembros de minorías étnicas y entre los habitantes de las zonas rurales)”.
En América Latina, continúa la Cepal, 37 por ciento de la población rural vive en condiciones de indigencia, cuando en las áreas urbanas la tasa asciende a 13. Sin embargo, cuestiona que el proceso de urbanización en la región (como ocurre en México, para el caso de la pobreza) hace que el número de indigentes en las ciudades supere el correspondiente al campo. Datos del 2004 estiman que 52 de los 96 millones de pobres habitan áreas urbanas.
Para el organismo de Naciones Unidas, “un desafío clave es mejorar la protección social en el marco de una política fiscal responsable”, que permitiría, entre otros logros, alcanzar una mayor equidad y, por ende, “reducir los altos costos de la pobreza y la desigualdad, en términos de deserción escolar, morbilidad evitable y maternidad no deseada, entre otros”.
En este contexto, reitera su propuesta de 1990, para que la región cuente con un pacto de cohesión social entre el Estado y los principales actores políticos y sociales, por encima de la idea de que es necesario privatizar la seguridad social lo que, a su modo de ver, dejaría en el vacío a una parte importante de “las capas medias que no califican ni para ser beneficiarios ni como aportantes”.
Un ejercicio aplicado por la Cepal en 16 países de la región revela que sólo 38.7 por ciento de los trabajadores ocupados tiene protección social, aunque el porcentaje desciende hasta 21.9 cuando se habla del sector rural, y a 21.7 si se trata de empleados urbanos de empresas pequeñas e integrantes del servicio doméstico. Alcanza 13.5 en el caso de trabajadores por cuenta propia, familiares no remunerados o dueños de pequeños negocios. Es decir, sector informal no asalariado.
En Montevideo, Uruguay, según reportes de las agencias Afp, Dpa y Notimex, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Luis Machinea, confirmó en rueda de prensa celebrada durante el comienzo del 31 periodo de sesiones del organismo -que será inaugurado mañana por el presidente Tabaré Vázquez– que solamente cuatro de cada diez latinoamericanos y caribeños tiene sistema de protección social, y que el envejecimiento de la población, de la mano de nuevas características epidemiológicas en el sector salud, generarán nuevos desafíos en el diseño de sistemas de pensiones y sanitarias en la región.
Apuntó que la estrategia de acceder a la protección social mediante un trabajo “fracasó”, debido a los altos niveles de desempleo (10 por ciento en promedio en la región) y la informalidad (50 por ciento de los trabajos).
Por: Alma E. Muñoz (La Jornada)
Santiago de Chile, 22 de marzo 2006
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