Por Marcel Garcés Muñoz.
La magnitud y consecuencias en pérdidas de vidas humanas, de bienes e instalaciones económicos, destrucción de viviendas e infraestructuras causadas por los incendios que asolaron Chile Sur Central en este mes de febrero, en los sectores rurales de Ñuble, Maule, Bio Bio y la Araucanía constata un grave problema estructural de seguridad del país, pero también del modelo económico, institucional, productivo y exportador, y la abusiva apropiación privada de la riqueza de los recursos naturales, imperante en el país.
Desde luego, el país confirma su vulnerabilidad en materia de seguridad económica, de su infraestructura, de su capacidad de responder oportuna, organizada y eficazmente a los desafíos, que la naturaleza, el modelo económico y social y la institucionalidad imperante somete a prueba con periodicidad a sus habitantes y especialmente abruma a sus sectores mas carenciados y olvidados.
Aunque claro, lo cínico de la interpretación de las causas y consecuencias del desastre es el titular de El Mercurio del lunes 6 de febrero, que la “Escasez de agua, problemas de con actividad y falta de especialistas en prevención: factores que agudizaron la emergencia por incendio”, agudizó la emergencia”.
Lo cierto es que según estadísticas oficiales al lunes 6 de febrero se registraban 283 incendios, la destrucción de mil 81 viviendas, 2 mil 922 damnificados, 278 mil hectáreas consumidas por el fuego (cifras que se incrementan cada día).
Las localidades arrasadas por el fuego, las viviendas destruidas hasta sus cimientos, los cultivos arruinados, el dolor e impotencia comunas rurales de Ñuble, Bio B{io y La Araucanía, constatan la falta e incapacidad de una política estatal, digna de ese nombre, en la prevención, la conciencia social y el desarrollo en el tiempo de una estrategia y una acción económica y social, solidaria, una política digna de ese nombre para la prevención, contención y respuesta nacional organizada, y lo que frevela es una improvisación, junto a una despreocupación y falta de sensibilidad a la realidad de una inequidad de las condiciones de vida que viven -más bien, sobreviven- sus habitantes, las familias pobres, los ancianos, los niños chilenos y del pueblo mapuche.
El panorama de desastre, destrucción, desolación vivido en estos territorios de los cuales tanto se habla en los discursos confirma que las autoridades nacionales, regionales, y locales, no han mostrado diligencia, sensibilidad, iniciativa, y mucho menos capacidad de prevención, sobre todo la capacidad y oportunidad para preveer los riesgos, los peligros de no atender a la urgencia y gravedad de su situación de inseguridad, miseria y falta de atención social.
Es evidente que las consignas, las expresiones de sensibilidad ante la desgracia, las condolencias, no son suficientes, y mucho menos la persistencia de los prejuicios y caricaturas racistas que aún aparecen en los medios y en la retórica infame de políticos infames que buscan y expresan en los medios de comunicación y la prensa de derecha, su nostalgia sangrienta por los crímenes históricos, del genocidio contra los mapuche.
La cifra de decenas de muertos, un número indeterminado de desaparecidos, la destrucción de miles de viviendas, instalaciones productivas, ganado, zonas agrícolas, bosques, infraestructura vial, eléctrica, sanitaria, comunicacional, arroja un balance que aun no se puede cuantificar en su magnitud presente y proyección futura y que, más allá de la urgencia impresa por el gobierno en responder a las necesidades de la gente, que costaría años en restablecerse con normalidad.
Y que demandará de un esfuerzo colectivo, patriótico y sostenido en el tiempo, de todo el país, sus instituciones y sus fuerzas sociales, económicas, estatales y empresariales, no solo de las directamente afectadas o responsables por los daños y consecuencias de los siniestros.
No podemos sino consignar dos elementos que se expresan en estos momentos de angustia e incertidumbre ciudadana, y es la búsqueda de “culpables” de las llamas y la teoría de una “conspiración” poco menos que nacional para incendiar el país.
Ello está contenido en informaciones de portada de El Mercurio, recogiendo declaraciones o informaciones proporcionadas por las empresas forestales, las cuales sin ninguna base, identificación, antecedentes o fundamentos judiciales, de responsabilidad en los incendios, como lo hecho por ejemplo el presidente de la empresarial Corporación Chilena de la Madera, (CORMA), Juan José Ugarte, que ha reportado 1.119 incendios “intencionales” en la presente temporada, y que sin especificar pruebas declara que en “los sitios siniestrados se han hallado mecanismos artesanales para generar fuego de forma retardada y hasta 20 focos simultáneos de inicio.
Cabe destacar el escfuerzo oportuno encabezado por el presidente Gabriel Boric, hecho por el Gobierno y el conjunto de las autoridades del Estado, la colaboración de sectores de l empresariado que en definitiva acertó con ponerse a disposición del esfuerzo nacional, y la de la población de todo el país a lo que se sumó del aporte solidario de países hermanos como México, Argentina, Venezuela, España, Brasil y otros que confirma que la solidaridad es un elemento sustancial del enfrentamiento de desastres como el vivido, en un mundo demasiado afectado por crisis, guerras, amenazas, desconfianzas e incertezas.
El mandatario no solo suspendió sus vacaciones- lo que es absolutamente razonable-sino que impulsó una respuesta organizada, responsable, a las necesidades de los damnificados, el restablecimiento de los servicios vitales, la reconstrucción de las viviendas, la solución de los problemas de trabajo, pensiones, del Estado, y enfrentó en terreno la emergencia, entregando un mensaje de unidad nacional, de seguridad, y de comprensión de las dificultades, inquietudes, demandas y hasta urgencias de los ciudadanos.
Lo que viene es la respuesta, también urgente, a las desafíos de la reconstrucción ,la normalización de la vida económica y social de los ciudadanos, junto a una reflexión y adopción de iniciativas que apunten a prevenir los desastres naturales y sus consecuencias para la población, en particular los más carenciados, un examen de las causas estructurales, institucionales, las fallas del modelo socio-económico, las inequidades, la cesantía, los bajos salarios y la pobreza, la falta de una adecuada política de salud, las viviendas indignas, y la falta de perspectiva para los jóvenes, la inseguridad ciudadana, la plaga de la droga y la incertidumbre ante el futuro, todo lo cual amplifica las consecuencias que tienen sobre las mayorías nacionales, las desigualdades, las inequidades, la falta de oportunidades, la incertidumbre sobre el mañana.
El dramático balance diario de los efectos de los incendios forestales es ante todo un reconocimiento permanente de una sociedad fraccionada, el rostro cruel de las desigualdades y un oscuro porvenir, y falta de esperanza.
Pero también es un acusación de la falta de sensibilidad de los empresarios de la industria forestal, de un modelo económico que exacerba la explotación de las riquezas naturales, con una explotación intensiva del recurso, intensificando el saqueo del agua, una agresión a los ecosistemas y una actitud irresponsable sobre la seguridad y la calidad de vida de la población y de la naturaleza.
El ansia de ganancias aceleradas, la falta de sensibilidad o la preocupación por la seguridad, la calidad de vida, la seguridad de las trabajadores, de sus familias y bienes materiales y sueños de futuro, que viven en un escenario de trampa mortal , sin seguridad y sin futuro, demanda una respuesta social y política urgente.
Tampoco escapa a esta enumeración de responsabilidades, la clase política, el Estado, los legisladores e instituciones sociales, académicas, gremiales, responsables de una legislación humana, responsable, una institucionalidad que respete efectivamente los Derechos Humanos esenciales, y que en definitivo permite, acepta y hasta promueve, es cómplice de la implantación de un modelo que privilegia y aplaude la ganancia, el lucro, la explotación de la naturaleza y las explotación de los trabajadores, con legislaciones, condiciones que legitiman el incremento de las riquezas y justifican la sobrexplotación de los recursos naturales.
La falta de conciencia de los efectos del cambio climático, la destrucción de los ecosistemas naturales, la destrucción alevosa del bosque nativo y la falla del Estado en una política responsable, de urbanización y preocupación (una política e institucionalidad consiguiente), poniendo en primer lugar la preocupación por el ser humano, su familia, su atención de salud, la educación de sus hijos, condiciones dignas de vida y la falta de regulación urbanística de las localidades implantadas en medio de bosques, sin los resguardos necesarios, y perfectamente conocidos, es otra de las causas del desastre vivido y de las pérdidas de vidas humanas, de cosechas, de ganado y de otros bienes materiales.
Por otro lado, la emergencia vivida por amplias regiones agrarias del país, plantea y pone de relieve, ante el Estado, las autoridades políticas y sociales nacionales, regionales y locales, la necesidad urgente de una institucionalidad, y estructuras técnicas y humanas, profesionalizadas en pie de alerta.
Esto garantizaría una reacción inmediata ante emergencias perfectamente previsibles anualmente – sobre todo en momentos de amenazas globales como el cambio climático y la amenaza de sus consecuencias sobre el futuro de la humanidad.
La experiencia vivida en estos días, la coordinación del esfuerzo público y privado, de las instituciones bomberiles, de CONAF, rescatistas, voluntarios, municipalidades, los organismos del gobierno y del Estado, Ministerios, Gobernadores, las instituciones de la Defensa Nacional, Carabineros e Investigaciones, el rol cumplido de información y sensibilización nacional cumplido por los profesionales de los Medios de Comunicación, la iniciativa particular con una ayuda económica, vestuario, atención de apoyo sicológico, a las familias damnificadas, e incluso a sus mascotas, ha sido sencillamente emocionante y relevante.
Como lo dijo el presidente Boric, el camino es la respuesta oportuna del Estado y sus instituciones, pero también es la unidad nacional y la solidaridad colectiva que se impuso sobre quienes, de manera artera, intentaron manipular la sensibilidad, la desesperación y el dolor o aprovechar el legítimo ambiente de incertidumbre, frente a una situación de desesperación, para sucios objetivos politiqueros.
Obviamente quedan asuntos por resolver, estrategias por estudiar, poner a punto la musculatura del sistema de seguridad y respuesta nacional a las pruebas que nos pone de manera brusca, nuestra naturaleza, los nuevos desafíos del cambio climático, y los terremotos y temporales, que nos dicen cada cierto tiempo y de manera sorpresiva, que somos vulnerables, y que sobre todo si no enfrentamos los desafíos, con entereza y colectivamente, tendremos menos posibilidades de vencer las dificultades, pararnos, y volver a empezar.
La nueva institucionalidad estatal, surgida a partir de la labor y experiencia acumulada desde la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, heredada en una solución de continuidad por el joven Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres Naturales,(SENAPRED) cumplió con honores con su rol coordinador y ejecutor de una política frente ante la emergencia.
Y seguramente adquirirán, sus mandos o ejecutivos, sus sistemas, su personal, el ejercicio colectivo junto a otras entidades instituciones o servicios que complementan las unidades y funciones de servicios de bomberos, sanitarios desplegadas en todo el país, y la iniciativa solidaria de voluntarios y ciudadanos, experiencias, enseñanzas, y practicas útiles para la tarea común, en beneficio de la seguridad nacional colectiva.
Tras la agotadora labor presente, y despejados los escollos de la manipulación politiquera de los responsables del desastre, harán su ejercicio de análisis y balance y seguirán avanzando en la misión asignada, en su estratégico rol de encabezar un aspecto imprescindible de seguridad nacional ante los desafíos de la naturaleza de lo que Benjamin Subercaseux definiera con justeza, esta “loca geografía”, y en la experiencia práctica conjunta- un aprendizaje colectivo , confianzas, coordinaciones y capacidades – con otras entidades o servicios, autoridades nacionales, regionales o locales, en la prevención de desastres, el voluntariado, en la elaboración de políticas y colaboración público y privado para asumir y hacerse cargo orgánico de un rol de liderazgo en una tarea nacional, institucional y colectiva, de la magnitud e importancia que se le ha asignado.
Pero el país no puede permitirse solo la constatación del desastre.
Tampoco puede creer, que la respuesta es buscar el enemigo, o apuntar a indeterminados “terroristas enmascarados”, (enemigos de una supuesta “guerra interna”) o encargar a la policía y Fuerzas Armadas, el análisis de supuestas culpas, transformar este desafío de seguridad nacional, real, el verdadero, en un tema policial o depositar en los tribunales de justicia las respuestas.
El país, el Estado, el Gobierno, la clase política, el poder legislativo y judicial, loa poderes fácticos, los medios de comunicación, el sistema económico y social, la academia, la institucionalidad deben asumir, las responsabilidades políticas, administrativas, y ofrecer una respuesta institucional al desafío.
Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 13 de febrero 2023
Crónica Digital
