Humberto Verdejo, ingeniero civil eléctrico y académico de la Universidad de Santiago, se refirió a los cálculos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y su impacto en el bolsillo de los clientes.
De cara al primer trimestre del 2023 está previsto que suban las cuentas de luz, ya que según los cálculos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) durante este semestre se llegaría al límite establecido del Fondo de Estabilización de Precios de la Energía. Este mecanismo se implementó para congelar las alzas que se iban a producir tras el estallido social de 2019.
Humberto Verdejo, ingeniero civil eléctrico y académico de la Usach, explicó en primera instancia esta situación. “Existen en Chile dos tipos de clientes: regulados y libres. Los primeros están sometidos a fijación de precios e incluye a los residenciales, por lo tanto, solo pueden optar a tarifas definidas por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Los clientes libres son aquellos que tienen posibilidad de negociar la tarifa de electricidad”.
“Dentro de la tarifa de electricidad existen tres cargos: generación (70%) + transmisión (10%) + distribución (20%). Los dos últimos cargos se actualizan cada 4 años, sin embargo, el cargo de generación se actualiza de manera semestral. El precio de la generación, que pesa un 70% en la cuenta, se define a partir de contratos de suministro entre generadores y distribuidores, establecidos mediante licitaciones coordinadas por la CNE”, comentó.
Hasta el año 2019 venían ocurriendo sucesivas alzas en el precio de la generación, explica, por lo cual se implementó la Ley 21.185 que corresponde al mecanismo de estabilización del precio de la energía. “Esta Ley congeló el componente que pesa más en la tarifa por el año 2019 y 2020, considerando el decreto tarifario del mismo año. Para los años sucesivos el precio obtenido en los decretos del 2019 solo debiese ser actualizado por IPC. El hecho de pagar menos a lo real establecido en los contratos implica directamente acumular una deuda a favor de los generadores. Este mecanismo sería implementado hasta que el saldo acumulado de deuda no superara los 1.350 MM USD”.
“De acuerdo al actual gobierno el monto máximo de la deuda se alcanzaría el segundo semestre del 2023. Sin embargo, producto del alza del dólar, nuestros cálculos muestran que dicho número se obtendría el primer semestre del 2022. Esto implicaría, de acuerdo con la Ley vigente, que para el segundo semestre del 2022 las tarifas deberían volver a los contratos reales. Esto no implica ni siquiera comenzar a devolver lo no recaudado. Por lo tanto, para el decreto tarifario del segundo semestre del 2022 o primer semestre del 2023, las tarifas deberían subir el promedio un 20%”, sostiene Verdejo.
Finalmente, propone un mecanismo considerando dos aspectos: “Mantener el precio estabilizado hasta el momento en que la deuda debe comenzar a devolverse. Esto sería hasta el 2025 y consideraría un saldo adicional a los 1.350 MM USD de aproximadamente 400 MM USD. Y extender el período de devolución de la deuda. Actualmente la Ley indica que no puede ser más allá del 2027 y esto implica alzas sostenidas en las tarifas. Por lo anterior, sería recomendable extender el plazo al año 2027 como límite máximo para lograr que las alzas sean menores”.
