Los diputados María Francisca Bello y Diego Ibáñez (FA), junto al respaldo de más de 100 organizaciones sociales, ambientales y territoriales, el Senado aprobó el veto presidencial a los artículos 22 y 33 del proyecto de ley de “simplificación de regulaciones”, quedando oficialmente despachado. Con ello, se evitó un grave retroceso en la protección de humedales y en el acceso al agua en zonas de escasez hídrica.
“Esto no es solo una victoria legislativa, es una victoria de la ciudadanía organizada, de la convicción política y del sentido común ambiental. Regular no es poner trabas: es garantizar que el desarrollo no se haga a costa de los ecosistemas y de la vida futura”, señaló la diputada Bello.
Desde el inicio del debate legislativo, los parlamentarios del distrito 6 advirtieron sobre los riesgos ambientales que implicaban ambas normas, canalizando el respaldo de más de 100 organizaciones que firmaron una carta pública solicitando el veto presidencial. Esa presión conjunta surtió efecto.
“Este veto es fruto del trabajo político sostenido y de la convicción de que el desarrollo no puede hacerse a costa del medioambiente. Junto a la diputada Fran Bello articulamos con más de 100 organizaciones socioambientales para frenar artículos que debilitaban nuestra institucionalidad ambiental. Hoy el Senado respaldó esa posición. Es una señal clara: cuidar la naturaleza es una responsabilidad del Estado, no un obstáculo al progreso”, señaló por su parte el diputado Ibañez.
Con este veto, se evita que retroexcavadoras ingresen a zonas protegidas y que se normalice la compraventa de derechos de agua en regiones gravemente afectadas por la crisis hídrica, como Valparaíso.
Santiago de Chile, 3 de julio 2025
Crónica Digital
