Por su evidente interés, reproducimos el siguiente comunicado de la Coordinadora de Derechos Humanos de los partidos de la izquierda y centro-izquierda.
Comisión de Derechos Humanos de los Partidos de Izquierda y Centro–Izquierda entrega propuestas a candidaturas presidenciales
I. Como un resultado colaborativo de la reflexión de la Comisión de Derechos Humanos de los partidos políticos de la centro–izquierda e izquierda, ha sido entregado un conjunto de proposiciones sobre la materia a las cuatro candidaturas que se presentan a las primarias del pacto Unión por Chile: Gonzalo Winter, Jeannette Jara, Carolina Tohá y Jaime Mulet.
La Comisión la integran: Federación Regionalista Verde Social, Partido Acción Humanista, Frente Amplio, Partido Liberal de Chile, Partido por la Democracia, Partido Radical de Chile, Partido Socialista de Chile y Partido Comunista de Chile.
II. El documento entregado desarrolla los siguientes contenidos:
1. Los Derechos Humanos: fundamento para construir un país justo y seguro
Reconocer los Derechos Humanos como el cimiento indispensable para construir en forma sostenible una sociedad justa y equitativa, pacífica y segura, conforme la humanidad lo ha definido a través del sistema internacional, expresándose en los tratados internacionales. Por ello, asumimos que los Derechos Humanos son una dimensión central y transversal de un Programa de Gobierno de orientación demócrata y progresista para Chile.
Su vulneración o desconocimiento, su negación o relativización siembran las semillas del conflicto y la inestabilidad.
2. PROPOSICIONES:
a) FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Es indispensable el fortalecimiento de la Gobernanza Interna del INDH y el Funcionamiento del Consejo, optimizando la selección de los consejeros para asegurar una mayoría de la sociedad civil con compromiso con los Derechos Humanos; claridad de roles y atribuciones; establecimiento de mecanismos de revocación; fortalecimiento de los equipos regionales; y mejoramiento de sus sistemas de denuncia.
A ello se agrega la necesidad de mejor garantizar la autonomía financiera del INDH, con un presupuesto autónomo y estable, no sujeto a la discrecionalidad política de turno; y el imperativo de adaptar el INDH a los nuevos desafíos en derechos humano, en materias como los derechos ambientales y climáticos o los derechos digitales y nuevas tecnologías.
b) UNA POLITICA DE ESTADO EN SITIOS DE MEMORIA
Es básico que un futuro Gobierno Democrático y Progresista se comprometa con los sitios de memoria como una política de Estado. Los compromisos de la izquierda y centro–izquierda debieran orientarse al aumento del número de sitios de memoria y apoyar la sostenibilidad patrimonial material e inmaterial, así como su gestión y conservación.
A los 49 lugares protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales se debieran agregar, en un primer tiempo, los restantes, que se encuentran agrupados en la Red Nacional de Sitios de Memoria, 56 en total, gestionando su acceso público. Y que se evalúe la pertinencia de reconocimiento de 1.132 recintos de detención y tortura en proceso creciente y progresivo.
c) NECESIDAD DE UNA LEY DE SITIOS DE MEMORIA
Una ley de sitios de memoria es necesaria para institucionalizar la memoria como política de Estado, lo que implica garantizar los recursos, la gobernanza y la legitimidad necesarios. Estos sitios hoy no cuentan con protección legal ni con un financiamiento estatal estable.
Una ley permitiría proteger y preservar estos lugares como patrimonio histórico y como una evidencia viva de lo ocurrido. Es, en ese sentido, una herramienta ética y política contra el olvido. Finalmente, una ley daría un marco jurídico claro para la gestión de estos sitios, pudiendo crear un fondo de financiamiento, normas para su administración y mecanismos de participación ciudadana.
d) NECESIDAD DE AUMENTAR EL CATALOGO DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD
A propósito del polémico cierre de más de 1.500 causas del estallido social, planteamos la necesidad de necesidad de aumentar el catálogo de los delitos de lesa humanidad incluidos en la Ley N° 20.357 de 2009, lo que permitiría declarar la imprescriptibilidad de ciertos actos. Así, proponemos incorporar los apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos y agentes del Estado, la violencia innecesaria con resultado de lesiones graves gravísimas, la violencia innecesaria y las vejaciones injustas.
En lo que se refiere específicamente a los casos del estallido social, consideramos que esta iniciativa, por los tiempos legales de la prescripción, tiene que ser sometida a tramitación legislativa con suma urgencia en los marcos de tiempo del año en curso.
e) FORTALECER EL PLAN DE BUSQUEDA
Por su importancia, consideramos indispensable fortalecer la institucionalidad del Plan Nacional de Búsqueda y asegurar su sostenibilidad y eficacia, a través de un marco legal robusto y permanente, lo que implica promulgar una ley específica para su continuidad, su financiamiento y la protección de su personal y sus archivos, evitando que dependa de la voluntad política de gobiernos de turno.
Asimismo, es menester establecer obligaciones legales claras para la entrega de información por parte de todas las instituciones públicas y privadas que puedan poseer datos relevantes, con sanciones en el caso de incumplimiento; establecer la calificación de víctimas con las consecuencias legales; y disponer los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes.
Santiago, 26 de junio de 2025.
Crónica Digital.
