Las protestas por las redadas migratorias en Los Ángeles siguen acaparando la atención en los Estados Unidos, tras el despliegue de soldados de la Guardia Nacional, ordenado por el Presidente Donald Trump para dispersarlas.
Los choques con los manifestantes escalaron durante el fin de semana con la llegada del primer contingente de efectivos. Trump firmó un memorando el sábado para emplazar dos mil militares en la ciudad.
Los participantes en estas acciones bloquearon carriles en autopistas cerca del angelino Metropolitan Detention Center, donde se congregaron inicialmente, en lo que constituyó el tercer día de protestas por la ola de detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, confirmó anoche en una conferencia de prensa que cientos de personas lograron llegar a la autopista, mientras que miles más ocuparon calles cercanas.
Esta decisión de Trump podrían impugnarla en los tribunales. El recurso legal lo estudia la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California.
El director legal y de defensa de la ACLU, Victor Leung, expresó en un comunicado que este despliegue “infundado” de la Guardia Nacional por la Administración Trump “es una clara represalia” en contra de California y significa “una declaración de guerra” contra todos los residentes del Estado.
“No hay ninguna razón” para desplegar la Guardia Nacional contra los angelinos, quienes están legítimamente indignados por el ataque del gobierno federal a las comunidades inmigrantes, advirtió Leung.
Enfatizó: “Tenemos la intención de presentar una demanda, exigir responsabilidades a esta Administración y proteger a nuestras comunidades de futuros ataques”.
El Gobernador de California, Gavin Newsom, solicitó formalmente a la Administración federal que revoque “el despliegue ilegal de tropas en el condado de Los Ángeles”.
En una publicación, en su cuenta en la red social X, Newsom escribió que no tenían “ningún problema hasta que Trump intervino. Esto constituye una grave violación de la soberanía estatal: exacerba las tensiones y desvía recursos de donde realmente se necesitan”.
“Rescindir la orden. Devolver el control a California”, subrayó el gobernador en su mensaje acompañado del texto de su oficina, dirigido al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y firmado por el Secretario de Asuntos Legales, David Sapp.
Newsom también acotó en la propia plataforma de Internet que incitar y provocar la violencia, creando un caos masivo, militarizar las ciudades y el arresto de oponentes, son “los actos de un dictador, no de un presidente”.
El zar de la frontera, Tom Homan, defendió en una entrevista concedida a NBC News el emplazamiento de los militares en Los Ángeles y amenazó con detener a Newsom y Bass “si se exceden en sus competencias”.
Antes, la Casa Blanca justificó estos operativos del ICE. Dijo que son esenciales para detener y revertir lo que el Gobierno de Trump llama “la invasión de delincuentes ilegales a Estados Unidos”, según un comunicado de la Secretaria de Prensa Karoline Leavitt.
Washington, 9 de junio de 2025.
Crónica Digital / Prensa Latina.
