Por Marcel Garcés Muñoz
Director
Crónica Digital
El informe final de la llamada Comisión para la Paz y el Entendimiento, entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche- en realidad tendría que ser con los ocho pueblos originarios que subsisten en el país- para muchos debería haber significado la apertura de esperanzas de una nueva relación de reconocimiento, convivencia, respeto mutuo, y el reconocimiento mutuo de nuestras raíces, de nuestra historia, incluidas las páginas vergonzantes, oscuras y hasta deleznables de nuestro comportamiento como nación.
Esto es, no del reconocimiento retórico de que se trata de una ”deuda histórica”, de una manifestación de condolencias por el dolor causado en el pasado y en el presente, en la relación entre el pueblo aborigen principal del Chile histórico, sino de expresión de la necesidad de asumir un compromiso, que a partir de un examen crítico y autocrítico de nuestras conductas conduzca a los caminos del reencuentro nacional, para formular un proyecto de un destino común, o una relación de reconocimiento de nuestra diversidad étnica, y nuestra singularidad geográfica, que nos permita desarrollarnos como una sociedad común y un sentido de pertenencia común.
No vamos a desconocer el buen propósito expresado del gobierno del Presidente Gabriel Boric de reparar los daños causados en nuestra relación, principalmente con el pueblo mapuche, y con las restantes etnias que habitaron – y habitan- nuestro territorio, desde el norte desértico y mineral que arrebatamos a quienes ejercían en su momento la soberanía heredada del coloniaje español, que fue la guerra comercial que nos dejó dueños- a algunos , en particular- del guano, salitre, del cobre que enriqueció a los ingleses, y luego a los estadounidenses y las transnacionales, que fueron atraídos por las “oportunidades” del nuevo mundo, y los españoles, criollos y neocolonizadores, que se instalaron en lo que es hoy el centro y sur del territorio.
Después, claro, llegaron otros- invitados por los chilenos en el poder político, los oligarcas herederos de los criollos, y poblaron, arrinconando a los pueblos autóctonos, dueños originarios del territorio, de sus bosques, de sus paisajes, de sus mares, de sus aguas y paisajes, de sus dioses.
Esto es, el reconocimiento histórico de nuestros orígenes, es algo que le falta al documento, que tras dos años de una meditación que eludió meticulosamente una referencia, un reconocimiento histórico objetivo, franco, documentado, de los orígenes del llamado “conflicto” en la Macro Zona Sur, y se escuda en una simplificación deliberada y manifiesta de la naturaleza de un indesmentible conflicto histórico.
En realidad no se puede hablar aquí- como se pretende en la crónica de algunos medios y discursos que buscan desfigurar la historia real de los hechos, de la búsqueda de un mecanismo de que “resuelva de una vez”, el llamado conflicto de la violencia en la Zona Macro Sur, definido así como “escenario” de una ´”guerra interna”, en los marcos de una “Operación de Contrainsurgencia”, como la proyectan y presentan de acuerdo a algunos “civiles” del mundo paramilitar y entrenan a nuestros uniformados (militares, policias, y algunos civiles aficionados al terrorismo comunicacional) poniendo en práctica el colonialismo imperial.
En el documento de esta “comisión de hombres y mujeres buenas” se evidencia- más allá de una retórica retorcida- un desconocimiento de la realidad histórica de temas no resueltos y una política y práctica de usurpación, ocupación, y pillaje, genocidio en definitiva.
No podemos eludir el hecho histórico, objetivo, de que no se puede hablar en esencia como se pretende, de un conflicto entre los mapuche y la sociedad civil chilena, de la institucionalidad, de los latifundistas que ocupan sus tierras ancestrales, o de las empresarios madereros que como antes usurpan sus territorios, destruyen su vegetación, sus bosques autóctonos, desprecian su cultura, los discriminan y los desprecian, le niegan sus derechos ciudadanos y además los matan, encubierto en la satanización de los mapuche, acusa majaderamente de violencia, y claro, de terrorismo.
Quisiéramos aportar a la discusión, que solo se reabre con el documento, uno más de los muchos que se han elaborado por “personas de buena voluntad” a lo largo de decenios, (entre otros por Pinochet), como las diversas “pacificaciones”, perpetradas desde el poder jerárquico del Estado, desde la superestructura política, empresarial, judicial, el poder religioso, el aparato cultural, educacional, académico y comunicacional, religioso, y por cierto, de la estructura policial, y militar desde y con la fuerza del Estado.
Reclamamos, que en la discusión supuestamente jurídica, pero en realidad absolutamente política, no se convocó a las organizaciones representativas de los planteamientos del pueblo mapuche y de su incesante lucha reivindicativa.
Para qué hablar de las restantes etnias aborígenes del país, del norte, de la costa, de Isla de Pascua, y de quienes no solo han llegado a asentarse producto de los cataclismos políticos y étnicos del presente continental.
Lo que se evidencia además es que no trata aquí de un problema con la violencia que hayan ejercido los mapuche sobre tierras usurpadas por colonizadores de ayer y de hoy, lo que la prensa derechista y los políticos de la misma ralea pretenden instalar en la opinión pública, definiéndolo como “terrorismo”, sino de un problema del Estado Chileno, en relación a su responsabilidad y su accionar histórico, en el genocidio, la usurpación, el terrorismo de Estado en su relación con los mapuche
Eso es lo que quisiera definir, sintetizar, en el concepto o eufemismo de “Deuda Histórica”.
Pero tenemos otro problema, que nos lleva a la metodología, participativa que se eludió, durante dos años de la discusión y elaboración de los análisis y propuestas, es decir a verdaderos interesados, afectados, objetivo de la discusión.
No vemos la participación de los verdaderos protagonistas afectados, en el proceso de elaboración de las medidas, iniciativas, conducentes, ya no a una “paz y entendimiento”, sino a una participación ciudadana, política, realmente respetada, democrática, soberana, de todos los habitantes de este país llamado Chile. Y en particular del WallMapu.
Es claro que no puede hablar de “paz y entendimiento”, en un territorio que se sataniza como escenario de una “guerra interna”, de un conflicto con el “terrorismo”, base ”ideológica” de una accionar militar O policial, que se confunden en sus grados de criminalidad y violencia represiva imponiendo el terrorismo de Estado.
Además donde hay decenas, quizás centenares de víctimas y presos políticos mapuche, utilizados como rehenes en los marcos de la “guerra interna” en pleno desarrollo, con participación de fuerzas policiales militarizadas y efectivos de las Fuerzas Ar5madas, que definen a los líderes mapuche como “enemigos”.
Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, la CAM, condenado a 20 años de cárcel, es un solo ejemplo, pero no la única víctima del terrorismo de Estado.
Y donde hay jefes castrenses que “descalifican” a los activistas del pueblo mapuche y los amenazan con las armas que el Estado chileno les entrega para defender la soberanía nacional.
Además de fuerzas políticas de la derecha tradicional y del empresariado, marcadamente racista, que descartan cualquier avance en este terreno.
En realidad, habrá que convenir que, en este escenario no se puede reconocer legitimidad a una consulta sobre “la paz y el entendimiento”, aunque el pronunciamiento presidencial habla de un “reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas”
¿Entre qué conceptos, alternativas habrá que pronunciarse en la consulta? ¿Dónde están las propuestas hechas desde las comunidades, las organizaciones mapuches?. O ¿ el objetivo- como se hacía en los regímenes del Despotismo Ilustrado- es acordar e imponer “reformas” desde la altura de los poderes autocráticos, en defensa de sus intereses o conveniencias, sin escuchar o tener en cuenta la opinión e intereses de los supuestos beneficiarios?.
Definitivamente no parece ni democrático, ni progresista, ir a votar en una “consulta” plebiscitaria, con fusiles bala en boca apuntando, amenazando la expresión de una voluntad libre y soberana, bajo la metodología de la falsificación histórica o argumental, de la coerción.
Tenemos, entonces un problema real, complejo, pero en el que ciudadanos, gobierno, partidos, legisladores, las llamadas fuerzas vivas, la ciudadanía.
En consecuencia, debemos y actuar. No podemos perder la oportunidad de hacer escuchar los problemas y demandas de justicia histórica, de reconocimiento real y de perspectiva a una relación humanamente sostenible para el presente y el futuro.
Santiago de Chile, 5 de junio 2025
Crónica Digital
