Por Marcel Claude
Economista
Centro de Estudio para la Industrialización
USACH
Resulta altamente preocupante la ofensiva que diversos sectores han emprendido en contra del derecho a la licencia médica, utilizando políticamente el mal uso de licencias médicas para justificar una arremetida generalizada contra los derechos de todas y todos los trabajadores.
La licencia médica existe para proteger la salud física y mental de quienes trabajan. No es una dádiva, ni un abuso, sino una herramienta consagrada legal y socialmente para garantizar que nadie tenga que elegir entre su salud y su sustento.
En las últimas semanas, se ha buscado instalar la idea de que existe un “uso excesivo” o “fraudulento” de licencias médicas, tras conocerse que más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras estaban con licencia. Estos hechos, sin duda, deben investigarse para determinar la magnitud de la falta y sancionarse en concordancia y proporcionalidad a ella y no llegar al desatino al que se está llegando y no faltarán quienes pidan la pena de muerte o el exterminio de los funcionarios que hicieron mal uso de ese derecho. Es totalmente descabellado usar este evento para criminalizar el ejercicio legítimo de un derecho por parte de la inmensa mayoría de trabajadoras y trabajadores que hacen uso correcto de este derecho fundamental que ya está siendo suficientemente abusado al considerarse la práctica de rechazar masivamente licencias médicas que sí son legítimas.
En Chile, según datos de la Superintendencia de Salud, se presentan aproximadamente entre 7 y 8 millones de licencias médicas al año que incluye a beneficiarios de Fonasa (Fondo Nacional de Salud) e Isapres (Instituciones privadas de Salud Previsional). En Fonasa (78% de la población) se emiten cerca de 5 a 6 millones de licencias médicas anuales a sus afiliados; y en las Isapres (17% de la población) se generan entre 1,5 y 2 millones de licencias médicas al año.
Ahora bien y para efectos de dimensionar bien el problema, según datos de la Superintendencia de Salud, en 2022 las Isapres rechazaron u objetaron alrededor del 5% al 10% de las licencias presentadas (350.000 a 700.000 licencias anuales aproximadamente), mientras que Fonasa tiene una tasa de rechazo menor, estimada en torno al 2% y el 5%. Dentro de las causas del rechazo se consideran los errores en el llenado del formulario, las sospechas de simulación y el que algunas empresas impugnan licencias.
Claramente, el fenómeno del abuso en contra de los trabajadores en cuanto a su derecho a la licencia médica es considerablemente mayor que el mal uso que se ha expuesto descarnadamente como si fuera un delito de mayor connotación pública, pero, el abuso en contra de los trabajadores y trabajadoras se ha naturalizado y aceptado como una sana conducta de las Isapres y de los empleadores.
Es escandaloso el doble rasero con que la casta política y los medios de comunicación tratan de este tan delicado asunto, al punto que han convertido este derecho en un delito. Un paso más adelante en el despojo de los derechos que sufren los trabajadores y trabajadoras de Chile.
Mientras se persigue a trabajadoras y trabajadores por supuestos excesos en licencias, la corrupción en la política y el mundo empresarial avanza impunemente, algunos ejemplos de ello: Caso Penta (2014-2015; Fraude al fisco, cohecho y financiamiento ilegal de campañas) que involucró a políticos de la UDI y RN; Caso SQM (2014-2017; Cohecho, sobornos y tráfico de influencias) que involucró a senadores de la UDI, diputados de la Concertación y a un ex contralor; Caso Corpesca (2014; Tráfico de influencias) que involucró a senadores de la UDI y de la Democracia Cristiana; Caso «Milicogate» (2016-2022; Desvío de más de $10 mil millones) que involucró a ex comandantes en Jefe del Ejército; Caso Convenios (2020-2023; Desvío de fondos públicos en regiones) que involucró a gobiernos regionales; Caso Caval (2015-2017; Tráfico de influencias) que involucró a la Familia de la ex Presidenta Michelle; Luis Hermosilla y su red de influencias para negociar con el Estado desde las sombras, entre una lista interminable de actos impresentables que denotan una vinculación entre el capital y la casta política que tiene un solo nombre: CORRUPCIÓN.
Lo que es urgente preguntarse es cómo el comportamiento íntegramente corrupto de una casta política desvergonzada, afecta el comportamiento del resto de una sociedad como la chilena, en la que desde tiempos del carnicero Pinochet hasta nuestros días, se ha instalado la impunidad ante los crímenes, delitos y faltas que comenten los que anidan en la cúspide de la pirámide social.
Sin intentar exculpar a quienes abusaron de un derecho consagrado como las licencias médicas, no menos importante es detenerse un poco a pensar en cómo aquellos que ejercen el liderazgo social (la casta política) y sus conductas indecentes influyen negativamente en el resto de los miembros de una sociedad por efecto demostración e imitación.
El problema de la corrupción en Chile está instalado desde la dictadura militar y no se resuelve ajusticiando y cancelando públicamente a quienes abusaron de un derecho, los que merecen el castigo proporcional a la falta, luego de un análisis caso a caso racional, responsable y serio.
Cuando la Derecha chilena chilla, tanto Gabriel Boric como el resto de la casta política, salen a rendir cuentas y a demostrarle que son buenos niños, que rectificarán y se pondrán al día. Obviamente, en la práctica este desaguisado de las licencias médicas no le importa mucho al rebaño que habita en el Congreso y el Ejecutivo -en tanto falta grave a la probidad-, pues como ya vimos, ellos son los actores principales de la novela de la corrupción, pero, SI les importa como un hecho que les permite hacer un uso publicitario y electoralista de esta situación. Y allí salen todos del tarro de la basura a rasgar vestiduras, vociferar y declamar en defensa de la moral pública: la liga de vampiros denostando a la carnicería del barrio.
Lo grave de esto es que, la histórica e histérica Derecha chilena, ni corta ni perezosa tomó cartas en el asunto y emprendió su ya majadera campaña en contra del Estado, en la que candidatos como Kaiser, en un intento por copiar el modelo Milei, se ha dedicado a prometer el fin del Estado. No menos preocupante es la reciente declaración de Magdalena Merbilháa quien sostuvo que «una cosa que a mí me parece impresentable, si tú empiezas a trabajar, tú no te puedes ir a tu casa antes de que se vaya tu jefe», poniendo en duda la legitimidad de las 8 horas de trabajo legales y el derecho al descanso, abogando por una suerte de esclavitud moderna en donde las horas de trabajo las define el empleador. Esa afirmación denota una desconexión total con la realidad laboral puesto que las horas verdaderamente trabajadas son en promedio mucho más que las horas legales y refuerza la narrativa de que el problema del país son sus trabajadores, y no los verdaderos abusos del poder.
No podemos tolerar esta osadía de querer eliminar el Estado que garantiza derechos y en pro de un Estado represivo que socorre a los bancos mas no a los desheredados, en pro del Estado gendarme ese del que Gabriela Mistral dijo «No creo en la mano militar para cosa alguna … Ni el escritor, ni el artista, ni el sabio, ni el estudiante pueden cumplir su misión en ensanchar las fronteras del espíritu si sobre ellos pesa la amenaza de las Fuerzas Armadas, del Estado gendarme que pretende dirigirlos.»
Santiago de Chile, 5 de junio 2025
Crónica Digital
