La Corte Suprema de Estados Unidos se interpuso hoy en los planes del presidente Donald Trump al rechazar que avance con las deportaciones de un grupo de inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La decisión, un revés para Trump, le dio la razón a unos 200 inmigrantes venezolanos recluidos en un centro de detención de Texas, quien estaban a punto de su expulsión si se invocaban los amplios poderes de esa arcaica legislación de tiempos de guerra.
Los jueces devolvieron el caso a un tribunal de apelaciones para que decida sobre las preguntas subyacentes, incluido si la acción del mandatario es legal y con cuánta anticipación deberían informarse a los migrantes que serían afectados por la medida.
Trump -que tiene otros cuestionamientos a sus órdenes ejecutivas en otros tribunales del país- quiere utilizar esta ley para acelerar las deportaciones y evitar las revisiones normalmente requeridas antes de cualquier procedimiento de tal naturaleza.
Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito expresaron públicamente su disidencia.
Existe un precedente. El pasado 15 de marzo la administración Trump -pese a la oposición de un juez federal- envió a una megacárcel de El Salvador a más de 250 migrantes, la mayoría venezolanos a los que, sin aportar pruebas, asocia Estados Unidos con la organización criminal (pandilla) Tren de Aragua.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para el traslado de esos migrantes al Centro de Confinamiento del Terrorismo, en la nación centroamericana.
Washington, 16 mayo 2025
Crónica Digital/PL
