La Fiscalía chilena, organismo autónomo que tiene la función de dirigir las investigaciones de delitos y proteger a víctimas y testigos, sufre hoy una crisis de credibilidad tras las recurrentes filtraciones de los expedientes.
Las críticas de sectores de distintos signos políticos contra esa entidad surgieron a raíz de las revelaciones de chats privados de la presidenta de la Cámara de Diputados y tercera autoridad del país, Karol Cariola, quien a la postre debió renunciar a su cargo.
“Nos estamos acostumbrando a algo que me parece gravísimo, que todo lo que llega a la Fiscalía termina en la prensa. Eso habla muy mal del Ministerio Público que no puede realizar ninguna investigación secreta”, denunció el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
Advirtió, además, que los mensajes filtrados no tienen nada que ver con los delitos supuestamente investigados, lo cual refuerza la sospecha de una intención oculta tras la divulgación de esta información.
“Es abismante, porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa?”, se preguntó Orrego en una entrevista al canal CNN Chile.
El propio presidente chileno, Gabriel Boric, debió referirse al tema cuando dijo que quienes filtraron las conversaciones privadas fueron tremendamente irresponsables.
“No voy a entrar en disputa como Presidente de la República con otro poder del Estado. La Fiscalía en esto tiene que ser mucho más responsable”, dijo Boric.
Tras la publicación de conversaciones y antecedentes de carpetas investigativas, el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, emplazó al fiscal nacional, Ángel Valencia, a presentar su renuncia.
“Creo que el fiscal debe dar un paso al costado. Ya es hora”, dijo el también precandidato presidencial, quien consideró que la incapacidad del Ministerio Público de guardar instrumentos bajo su custodia generan una situación de incertidumbre compleja.
“Tan grave que incluso ha tenido que renunciar la presidenta de la Cámara de Diputados por filtraciones que no tienen que ver nada con una cuestión de orden judicial, sino que más bien con cuestiones personales”, advirtió.
La misma Asociación de Fiscales reprochó la filtración, tras publicarse los chats privados de 2022 entre Cariola y la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, donde hacen críticas al proceder del Gobierno.
Esta situación nos preocupa mucho porque no solo daña la imagen de la Fiscalía, sino al sistema procesal penal y pone en riesgo el propio éxito de la investigación, señaló a la radio Biobío el presidente de la organización, Francisco Bravo.
Recordó, además, que este tipo de situaciones constituye un delito, la violación del secreto, que está establecido en el Código Penal.
Para el analista político y director de Tú Influyes, Axel Callís, son preocupantes las filtraciones recurrentes que no delimitan entre la vida pública y la privada.
Mientras, el presidente del directorio de Democracia y Comunidad, Luis Ruz, consideró que si quien investiga y formula cargos pierde su credibilidad también pierde legitimidad y ahí estamos en presencia de un problema para todo el funcionamiento del Estado y de la democracia.
