Unas 13 mil niñas fueron víctimas de violaciones y madres en 2023 en Brasil, según entidades de la sociedad civil que pedirán en Naciones Unidas un compromiso del Gobierno para garantizar hoy mayor acceso al aborto legal.
La iniciativa está liderada por las organizaciones Conectas, Colectivo Feminista Sexualidad y Salud, Campaña Ni Presa Ni Muerta, Sexuality Policy Watch, Católicas por el Derecho de Decidir, Ipas, Criola, anís, Center for Reproductive Rights y Cladem Brasil.
«Nos gustaría llamar la atención del Consejo de Derechos Humanos (de ONU) sobre las alarmantes dificultades para el acceso de las niñas al aborto legal en Brasil», afirman las signatarias en una carta, citada por el portal UOL.
Indican que, como medio de cumplir las recomendaciones de los órganos de tratados de la ONU, pedimos al Consejo que urja a Brasil para que implemente la resolución 258, amplíe los servicios de aborto legal y elimine las barreras enfrentadas por las víctimas de violación.
En la misiva, las relatoras advierten que el proyecto de ley 1904 sobre el aborto viola las normas internacionales e iría en sentido contrario a los compromisos asumidos por Brasil en las esferas extranjeras con respecto a los derechos de las mujeres.
Además, la propuesta podría ser equivalente a la práctica de tortura contra mujeres y niñas.
El año pasado, la Cámara de Diputados aprobó el régimen de urgencia para el conservador Partido Liberal (PL), el mismo del exmandantario Jair Bolsonaro, liderado por el diputado Sóstenes Cavalcante, y otros 32 legisladores.
Tal texto equipara el aborto de gestación por encima de las 22 semanas al homicidio.
El autor de la solicitud de urgencia fue el coordinador del Frente Parlamentario Evangelista, diputado Eli Borges, del PL.
La nota enviada por los órganos de la ONU al Gobierno el 11 de marzo, sin embargo, alerta sobre la ilegalidad internacional que Brasil estaría cometiendo si aprueba la disposición.
Si se promulga, el proyecto de ley modificaría el artículo 128 del Código Penal para criminalizar la interrupción de un embarazo mayor de 22 semanas, independientemente de las circunstancias actualmente permitidas por la ley, como violación o amenaza a la vida de la mujer.
«Las penas propuestas son equivalentes a las del crimen de homicidio simple, con pena de reclusión de seis a veinte años», refiere.
Actualmente, la interrupción del embarazo en el gigante sudamericano solo está permitida legalmente en tres circunstancias: en casos de violación, cuando la vida de la mujer o la niña está en peligro, o cuando el feto sufre de anencefalia.
En estos casos, no hay límite de gestación para la interrupción del embarazo.
Brasilia, 17 marzo 2025
Crónica Digital/PL
