El Servicio Paz y Justicia de Argentina expresó hoy su repudio a la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad contra manifestantes que defendían frente al Congreso los derechos de los jubilados.
En un comunicado, la organización, cuyo titular honorario y vitalicio es el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, calificó de «brutal» el accionar de los efectivos de la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria contra jubilados, trabajadores, seguidores de equipos de fútbol, miembros de organizaciones políticas y sociales y reporteros de prensa.
«Exigimos al presidente Javier Milei y a su ministra (de Seguridad) Patricia Bullrich que respeten el derecho a la protesta y les recordamos que los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos, no violarlos», señala el texto.
Todos los miércoles los jubilados son violentados, pero como la víspera estuvieron acompañados solidariamente por sectores diversos e hinchas de varios clubes, hubo un desmedido despliegue de efectivos y vehículos de todo tipo y tamaño. Como resultado, hubo un saldo importante de personas golpeadas, gravemente heridas y detenidas, añade.
Asimismo, dicho organismo indicó que no recuerda «una violencia de esa magnitud contra el pueblo desde hace tiempo».
«Esta realidad que vivimos nos hace dudar si realmente estamos frente a un Estado de derecho, en un sistema democrático y representativo», apunta el documento y exige que sean procesados los responsables de las violaciones de los derechos humanos.
En tanto, organizaciones sindicales y de derechos humanos de Argentina condenaron hoy la represión policial contra jubilados, trabajadores y seguidores de clubes de fútbol que protestaron en defensa de los derechos de los adultos mayores.
La víspera, cientos de personas llegaron hasta las proximidades de un Congreso vallado para demandar la aprobación de una reforma previsional, denunciar los bajos haberes recibidos cada mes y la grave situación socioeconómica.
La Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Federal y la de Seguridad Aeroportuaria desplegaron un fuerte operativo con camiones hidrantes, efectivos motorizados, balas de goma, bastones y gas lacrimógeno y causaron heridas a varios ciudadanos, entre ellos una anciana de 87 años y un fotógrafo que permanece en estado grave.
Según refirió el diario Página 12, más de 100 manifestantes fueron detenidos y tras la arremetida numerosas personas llegaron hasta la Plaza de Mayo para repudiar el accionar de las fuerzas de seguridad.
Lo ocurrido fue condenado por la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y la CTA- Autónoma, entre otras agrupaciones.
La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) reiteró su preocupación por la situación de los profesionales del sector y exigió la renuncia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tras responsabilizarla por los ataques a la libertad de prensa, el incremento la violencia institucional y la impunidad.
Pablo Grillo, quien fuera nuestro alumno en Argra Escuela, fue vilmente herido de gravedad por las fuerzas. No habrá sido porque no advertimos el grado de peligrosidad de Bullrich. Su vida corre peligro porque no hubo ni un solo resorte político, institucional o judicial que le pusiera freno, señala un comunicado de esa organización.
Exigimos al presidente Javier Milei que la separe de inmediato de su cargo y la ponga a disposición de la Justicia, a ella y a sus subalternos. De no ser así, lo hacemos moral, política y penalmente cómplice de los delitos cometidos, añade el texto.
Por su parte, la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 15, Karina Andrade, ordenó la inmediata liberación de más de 114 detenidos.
«Se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el de la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión», señaló Andrade y advirtió que los adultos mayores pertenecen a los «sectores más vulnerables de nuestra nación» y están «protegidos convencionalmente».
A su vez, las dos CTA acusaron al Gobierno de “hacer pasar a sangre y fuego el ajuste contra los jubilados y el pueblo”, desatar la violencia, iniciar la represión antes de la hora de la protesta para evitar una mayor participación y descalificar a los participantes.
Además, denunciaron que “aparecieron contenedores repletos de piedras en los alrededores del Congreso” y “se vieron imágenes de miembros de las fuerzas de seguridad dejando armas en medio de la calle”.
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