
Los certificados de defunción de 414 muertos y desaparecidos durante la dictadura (1964-1985) en Brasil serán rectificados y entregados a los familiares, informó el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, citado hoy por el portal R7.
La corrección obedece a una resolución del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), la cual determina que la causa de fallecimiento debe constar como «no natural, violenta, causada por el Estado brasileño en el contexto de la persecución sistemática a la población identificada como disidente político del régimen dictatorial instaurado en 1964».
Entre las víctimas que tendrán los papeles rectificados aparece el exdiputado federal Rubens Paiva.
Según el archivo, la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Político (Cemdp) organiza ceremonias para la entrega de los certificados de defunción y las fechas se informarán tan pronto como las sesiones sean programadas.
Las familias que deseen recibir los pliegos de óbito rectificados deben ponerse en contacto con esa junta.
El ministerio orienta responder un formulario, por el sitio del Gobierno, para recoger información con el objetivo de establecer los contactos «necesarios para viabilizar la participación en las ceremonias solemnes que serán realizadas por la comisión».
Se espera que los primeros certificados sean enviados por los tribunales a la Cemdp en las próximas semanas.
También, de acuerdo con la cartera, el proceso de rectificación sigue un flujo establecido por el CNJ, responsable de enviar a los registros los datos necesarios para la corrección, sobre la base de información sistematizada por la comisión.
Después de recibir la información, los tribunales tienen un plazo de 30 días para preparar las nuevas plazas y certificados de defunción.
Luego, las cortes de justicia envían las actas rectificadas a la Cempd que, a su vez, organizará la entrega de los documentos a las familias en ceremonias solemnes, pudiendo haber disculpas y otros homenajes.
Un informe de una Comisión de la Verdad publicado en 2014 registró 434 muertos y desaparecidos por razones políticas y miles de casos de tortura durante la dictadura.
Como responsables de los martirios, el documento identificó a 377 agentes de ese régimen que no pudieron ser juzgados por una amplia amnistía dictada en 1979 por el propio Gobierno militar que benefició a uniformados y a miembros de grupos armados supuestamente de izquierdas.
Brasilia, 25 de enero 2025
Crónica Digital/PL