A pesar de décadas de esfuerzos en concientización, visibilización y desarrollo de marcos normativos para proteger y disminuir la vulnerabilidad de las mujeres frente a diversas formas de violencia, nos encontramos en un momento en el cual emergen discursos desde ámbitos políticos y de la sociedad civil que, amplificados por algunos medios de comunicación y agendas polarizadoras, intentan minimizar la importancia de las temáticas de género, presentándolas como asuntos ya resueltos o incluso como falsedades. Sin embargo, las cifras actuales desmienten estas narrativas y evidencian la persistencia y gravedad del problema.
Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en 2023 se registraron 51 femicidios y 259 intentos frustrados. Además, se denunciaron más de 134.000 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales el 78% afectaron a mujeres.
La violencia contra las mujeres es un continuo que atraviesa todas las dimensiones de nuestras vidas: hogares inseguros, entornos laborales hostiles, calles que no garantizan nuestra seguridad y un sistema judicial que muchas veces falla en entregar justicia. Las barreras de acceso a derechos sexuales y reproductivos, como las múltiples trabas para acceder a la interrupción del embarazo en casos de violación, son otra forma de violencia institucional.
Prácticas arraigadas y replicadas a lo largo del tiempo se manifiestan tanto en actos explícitos de violencia como en discursos naturalizados, generando condiciones estructurales para la desigualdad. Este mismo sistema nos condena a la pobreza de tiempo e ingresos, al exigirnos sostener la doble carga de proveedoras y cuidadoras en un país donde las políticas públicas todavía no garantizan redes de apoyo suficientes.
A pesar de los avances legales, como la Ley Gabriela y la Ley Antonia, la implementación sigue siendo deficiente. Solo el 26% de los casos de violencia sexual llegan a una resolución judicial, y menos del 7% terminan con una condena al agresor. Este fracaso no solo desprotege a las víctimas; desincentiva las denuncias y perpetúa la impunidad.
En el caso de niñas y adolescentes, la situación es aún más preocupante. El 83% de las víctimas de abuso sexual infantil son niñas, y los espacios que deberían protegerlas, muchas veces se convierten en lugares de mayor vulnerabilidad.
Chile necesita políticas integrales que combatan la violencia desde sus raíces. Esto incluye: Educación no sexista para erradicar las prácticas discriminatorias desde las aulas; Recursos para garantizar el acceso efectivo a derechos sexuales y reproductivos; Mayor fiscalización y seguimiento de las medidas de protección para víctimas de violencia; Programas que enfrenten la pobreza y las desigualdades que afectan a las mujeres, promoviendo su autonomía económica.
La lucha contra la violencia de género es una tarea de toda la sociedad. Desde nuestras familias y comunidades, debemos cuestionar los discursos y prácticas que perpetúan la violencia. Debemos acompañar, acoger y no juzgar a las víctimas. Y, sobre todo, debemos exigir cambios estructurales a nuestros legisladores y autoridades.
Hacemos un llamado de alerta frente a una realidad inaceptable: mientras existan mujeres que viven bajo amenaza, sabiendo que podrían convertirse en una cifra más en los registros de feminicidios, nuestra tarea sigue pendiente y sigue siendo urgente.
Por Giovanka Luengo Figueroa. La autora es Trabajadora Social, especialista en género, derechos humanos y políticas públicas.
Santiago, 2 de diciembre de 2024.
Crónica Digital.
