En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua potable limpia y el saneamiento como esenciales para la realización de todos los derechos humanos. A más de una década de este hito, la defensora de derechos humanos y asuntos ambientales de la Provincia de Petorca, integrante de Protege los Molles y la Coordinadora Nacional contra Aguas San Isidro, denunció la vulneración sistemática de este derecho en Chile.
A través de una carta remitida a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento, Salud, Medio Ambiente y la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Astudillo solicitó un pronunciamiento ante la omisión del Estado chileno en sus compromisos internacionales.
La activista ecofeminista instó a los relatores de la ONU a intervenir frente a la grave situación de la empresa Aguas San Isidro, que opera 14 concesiones en 5 regiones del país. Según Astudillo, la empresa no solo acumula un récord de sanciones por malas prácticas, sino que ha vulnerado derechos fundamentales de las comunidades, afectando la calidad y cantidad del agua suministrada y colocando en grave riesgo ecosistemas estratégicos como los humedales. En varias de estas regiones, los vertimientos y la contaminación de estas áreas protegidas han generado graves impactos ambientales que comprometen su biodiversidad y capacidad de mitigar los efectos del cambio climático.
Uno de los casos más alarmantes expuestos incluye la intoxicación de una familia en Labranza, Temuco, que incluye a dos menores, debido a los deficientes procedimientos de la empresa. Ante esta situación, Astudillo también solicitó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a la Defensoría de la Niñez ayudar a la apertura de expedientes contra Aguas San Isidro y el fin de sus concesiones.
La defensora llamó a la conformación de una coordinación interministerial para una transición justa hídrica, que recupere la gestión del agua desde un modelo privatizador hacia un sistema robusto, comunitario y con gobernanza participativa. “El Gobierno no ha creado un plan de contingencia hídrica que termine con las concesiones de una empresa que vulnera sistemáticamente la normativa y pone en peligro la vida y la salud de niños, niñas y adolescentes”, enfatizó.
La situación de Aguas San Isidro ha suscitado serias preocupaciones en torno al derecho humano al agua en Chile, especialmente tras las recientes recomendaciones de la Comisión Investigadora sobre el acceso y gestión de este recurso vital. Es imperativo que el Estado responda a estas recomendaciones con acciones concretas y efectivas, abriendo canales de diálogo con la Presidencia para abordar las inquietudes planteadas por diversas organizaciones y comunidades afectadas. La falta de gestión adecuada por parte de Aguas San Isidro ha llevado a una crisis hídrica que impacta negativamente a numerosas familias, exacerbando la escasez y poniendo en riesgo la salud y el bienestar de la población. Por lo tanto, se requiere un compromiso urgente para establecer un plan de contingencia que garantice el acceso equitativo al agua, priorizando los derechos humanos sobre los intereses económicos. La colaboración entre el Estado, la sociedad civil y los defensores de derechos humanos es crucial para construir un futuro sostenible y justo en la gestión del agua en Chile.
Astudillo también subrayó la necesidad urgente de implementar el Acuerdo de Escazú en materia de justicia ambiental. “Estamos condenando a las niñeces de los territorios, poniendo en peligro su salud y su medio ambiente. Seguiremos golpeando todas las puertas necesarias para proteger este derecho esencial para la vida”, concluyó.
Santiago de Chile, 30 de noviembre 2024
Crónica Digital
