La bancada parlamentaria del Frente Amplio se pronunció tras la reciente sanción de 7.500 unidades tributarias mensuales impuesta a la Universidad Mayor por la Superintendencia de Educación Superior, destacando la gravedad de la situación y la necesidad de que la educación sea vista como un derecho, no como un negocio.
Tras la reciente sanción impuesta por la Superintendencia de Educación Superior a la Universidad Mayor, la cual fue multada con 7.500 unidades tributarias mensuales por infringir la ley y lucrar con la educación, las diputadas del Frente Amplio se refirieron al respecto.
La parlamentaria Emilia Schneider, presidenta de la comisión de Educación, comentó que “hoy se ha hecho pública una noticia gravísima, muy indignante y que merece nuestra condena más categórica (…) Hay algunos en Chile que todavía no entienden que la educación no es un negocio, es un derecho. Quieren seguir enriqueciéndose a costa de la educación, y los mismos que se niegan a hacer los cambios que necesita Chile muestran que solo les interesan sus negocios. Me parece positivo que nuestras instituciones funcionen y sancionen como corresponde, porque no es aceptable lucrar a costa de los sueños de estudiantes y sus familias”.
En la misma línea, la diputada Camila Rojas agregó que “hoy tenemos la noticia de que se va a sancionar a la Universidad Mayor por lucrar en educación superior, lo cual está prohibido por ley. Esta universidad es una de las que tienen gratuidad, y hace pocos días, cuando se habló de cambiar el financiamiento y avanzar al FES, salieron a decir que esas políticas empobrecerían a las instituciones. Lo que vemos es que esas instituciones que reclaman contra el FES y la gratuidad no están en problemas económicos por falta de recursos públicos, sino porque los usan para lucro, sueldos altos y no en educación. La plata de educación se tiene que usar en educación, en las y los estudiantes, no en sueldos abultados e injustificados”.
Para terminar, la diputada Gael Yeomans dijo que “nos alegra que la fiscalización realizada por la Superintendencia, y también a raíz del oficio que presentamos, haya culminado en esta sanción. Esto demuestra que quienes reciben gratuidad deben responder frente a los estudiantes y a los recursos públicos destinados a la educación. La derecha insiste en que la educación es un bien de consumo, pero en nuestro gobierno perseguiremos a quienes no cumplan con la legislación. Los fondos para la educación deben destinarse íntegramente a ese fin, y nuestra labor como parlamentarios será seguir fiscalizando para que se cumpla la ley”.
Santiago de Chile, 5 de noviembre 2024
Crónica Digital
