La Pontificia Comisión de Protección de Menores del Vaticano pidió hoy la creación de un programa en Chile para amparar a las víctimas de abuso sexual, perpetrado por representantes de la iglesia católica.
El documento señala que en el país sudamericano existe una grave crisis por la ocurrencia de numerosos casos de este tipo.
No se trata en absoluto de una situación nueva, pues ya hace un par de años la periodista argentina Inés San Martín denunció en el diario digital Crux que “Chile es el país más afectado por la crisis de abuso clerical fuera del mundo de habla inglesa”.
Según el último informe de la comisión del Vaticano, se trata de abusos de conciencia y de poder cometidos especialmente por personas consagradas, es decir clérigos de diversas categorías.
Uno de los primeros escándalos conocidos fue el del exsacerdote Fernando Karadima, quien ejerció en la parroquia El Bosque, frecuentada por familias pudientes de Santiago y tuvo vínculos con funcionarios de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Desde 1984 se presentaron denuncias por conducta indebida por parte del religioso, pero no fue sino hasta 2004 cuando se abrió la primera investigación seria sobre su participación en este tipo de hechos.
Finalmente, en 2011 El Vaticano declaró a Karadima culpable de abusar de menores y lo condenó a una vida de “oración y penitencia”, pero nunca se enfrentó a la justicia civil.
Durante la visita en 2018 del papa Francisco a Chile, éste se disculpó por el daño irreparable causado a las víctimas, pero no escuchó el reclamo de que varios obispos que protegieron a los abusadores continuaban ejerciendo cargos en la iglesia de Chile.
Fue mucho más tarde que el Pontífice reconoció que el caso Karadima destapó una cultura de abuso y encubrimiento.
En 2021 la Fiscalía de Chile informó que seguían abiertas 65 investigaciones judiciales contra 116 personas vinculadas con la iglesia católica, las cuales implican a unas 220 víctimas.
Santiago de Chile, 29 de octubre 2024
Crónica Digital/PL
