La iniciativa cobra especial relevancia luego de que, durante este fin de semana de emergencia climática, los cables en desuso dificultaran la reposición del servicio eléctrico en distintos lugares del país.
Este miércoles, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca hacerse cargo de las externalidades negativas que generan los cables en desuso en la vía pública, aumentando, por ejemplo, las multas para las empresas que no retiren el cableado, pasando de 100-1000 UTM a 300-1500 UTM.
La principal problemática destacada por los parlamentarios dice relación con la proliferación del robo de cables en el país, donde incluso se ha constatado la presencia de bandas organizadas. Este tipo de delito experimentó un crecimiento del 20% en 2023, acumulando 1300 kilómetros de cable robado en los últimos 3 años y afectando a más de 550 mil hogares a nivel nacional el último año. Esto se suma al aumento de riesgo de accidentes o incendios y/o al deterioro de las ciudades, algo que quedó en evidencia durante este fin de semana de emergencia climática.
En la actualidad, la experiencia ha demostrado que las empresas optan por pagar las multas en lugar de asumir los costos del retiro de cables, dejando esta problemática en manos de los municipios. A esto se suma la falta de un reglamento que norme de forma clara los procedimientos en torno al retiro del cableado.
La iniciativa se centra en tres puntos. Primero, la consagración del deber de cuidado, protección y preservación del espacio público por parte de las empresas. Segundo, la actualización de las sanciones. Y tercero, la pronta disposición de un reglamento que dé forma a las nociones propuestas en el proyecto.
Al respecto, la diputada Catalina Pérez (FA) señaló que “el problema de los cables en desuso tiene diversas dimensiones y una de ellas tiene que ver con la seguridad, porque cuando las empresas se desentienden de sus desechos aéreos, estos se convierten en un botín para los delincuentes que luego venden estos cables en el mercado negro. Este delito muchas veces termina dejando a barrios enteros sin servicios básicos por largas horas, generando riesgos y complicaciones para vecinas y vecinos”.
La parlamentaria agregó que “estamos hablando de bandas delictivas organizadas. En lo que va del año se han registrado más de 33 incidentes en la Región de Antofagasta, totalizando más de 58 kilómetros de cable robado. La magnitud del problema exige que nos hagamos cargo con celeridad y ahí la responsabilidad de las empresas es algo que debemos hacer valer. Para eso, el aumento de las multas y la definición de un reglamento claro para la aplicación de la ley es fundamental”.
Por su parte, la diputada Claudia Mix (FA) señaló que “no puede ser que en nuestros barrios haya un montón de cables en desuso de compañías que a veces ya ni existen, y que hoy son un peligro, porque generan daños como los que hemos visto este fin de semana de emergencia. Estos vientos huracanados llegaron para quedarse y el próximo invierno puede pasar lo mismo o peor, por lo que el retiro del cable debe ser una obligación, pero también deberíamos buscar que se puedan soterrar. Necesitamos el mismo respeto (que en otras comunas) en los barrios populares. Lo vamos a tener presente en la discusión del proyecto”.
El proyecto cuenta con el respaldo de los diputados y diputadas Catalina Pérez (FA), Jaime Sáez (FA), Luis Malla (PL), Alejandro Bernales (PL), Jaime Mulet (FRVS), Danisa Astudillo (PS), Felipe Camaño (IND-DC), Marcela Riquelme (FA), Claudia Mix (FA) y Carlos Bianchi (IND).
Santiago de Chile, 6 de agosto 2024
Crónica Digital
