La representante del Distrito 20 explicó que existe la necesidad de establecer un mayor control y fiscalización de los órganos públicos, acorde al principio de legalidad y reforzamiento del Estado de Derecho, conforme al principio de probidad, estimando la necesidad de reforzar el rol fiscalizador de los Consejos Regionales.
Tras casi 90 días de trabajo, la Comisión Especial Investigadora (CEI) 45, llamada “Cuestionamiento a la entrega de fondos públicos a entidades privadas, por parte de Ministerios y Seremis determinados”, tuvo su última sesión, entregándose los resultados y propuestas por parte de los diputados y diputadas que conformaban la entidad legislativa.
Algunas de las conclusiones a las que llegaron los parlamentarios contenidas en un informe de 28 páginas, tienen relación con la lentitud en tramitación de expedientes para hacer valer responsabilidad administrativa; crisis en el sistema de traspaso de fondos; y avances en presentación de proyectos de ley que buscan enmendar situación.
Es justamente este último punto el que recogió la diputada María Candelaria Acevedo, quien ingresará una reforma constitucional para reformar el artículo 115 de la Norma Fundamental.
“Creemos que es importante en el sentido de que hay que darle certeza a la población, a los ciudadanos en cuanto a que los recursos que se están entregando van bien encaminados. Así que por lo tanto este proyecto de ley que se va a presentar va en esa dirección, pero además también entregándole mayores facultades a los consejeros regionales en cuanto a la fiscalización”.
En concreto la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional ya entrega a los CORES la facultad de fiscalizar los convenios de programación indicados en el inciso cuarto del artículo 115 constitucional, pero “creemos que se debe reforzar a otros tipos de actos de convenios y asociaciones con dichas personas naturales o jurídicas”.
Por eso, el proyecto de reforma constitucional busca reformar el artículo 115, antes mencionado de la Norma Fundamental, en el sentido de dar una base especial y sólida para el establecimiento y consecución de objetivos tales como establecer un mayor margen de responsabilidad de los particulares (personas naturales o jurídicas sin fines de lucro) que celebren asociaciones o convenios con los gobiernos regionales. “Además, se entrega a los CORES, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, la facultad para aprobar o rechazar dichas asociaciones o convenios, con los quórums señalados en la ley, así como de fiscalización respecto del cumplimiento de dichos convenios”.
La diputada Acevedo señaló que a la luz de las 67 investigaciones que se está llevando a cabo el Ministerio Público por los traspasos de fondos desde los gobiernos regionales (21 de ellas del GORE Biobío) a fundaciones, indicó que “es importante poder sostener cómo le vamos a dar más facultades al Ministerio Público, a la Cámara de Diputados y Diputadas para hacer el control mucho más enérgico con respuesta a los recursos que se van a entregar”, reiterando que se les debe dar certezas y para eso, la presentación de la reforma constitucional “es la única forma en la cual podemos tener mucha más responsabilidad con los recursos que se entregan y mayor fiscalización”.
Santiago de Chile, 3 de julio 2024
Crónica Digital
