En Chile existen leyes y regulaciones migratorias, pero el escenario cambiante de la movilidad humana requiere hoy un abordaje desde una perspectiva más integral, opina la doctora Martina Cociña.
Para la académica del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins, más que visualizar a quienes se desplazan desde la óptica costo-beneficio, hay que comprenderlos como personas con obligaciones, pero también con derechos que deben ser garantizados y respetados.
De acuerdo con el Servicio de Migraciones, hasta el 31 de diciembre de 2022 vivían aquí un millón 625 mil 74 extranjeros, en su mayoría de Venezuela, Perú, Colombia, Haití y Bolivia.
La investigadora cita estudios según los cuales, si el porcentaje de migrantes es mayor al 10 por ciento de la población local, ello puede tener efectos en la economía de un país, lo cual no es el caso de Chile, donde esa cifra no supera el ocho por ciento.
Por lo general, los extranjeros se insertan en los mercados, pero a menudo desarrollan trabajos mal remunerados y en condiciones laborales precarias, dijo Cociña.
Explica que esto se debe a una serie de barreras existentes, como la alta segmentación laboral, que se vislumbra por ejemplo con las mujeres peruanas, quienes a pesar de contar con estudios, son contratadas mayormente en labores de aseo.
Para la doctora, si se examina el papel del Estado de Chile en el nivel gubernamental, no se ha establecido una política integral de inclusión, sino más bien medidas paliativas y restrictivas que responden a necesidades específicas de un ámbito.
Santiago de Chile, 22 de junio 2024
Crónica Digital/PL
