Blanca Berrocal, Presidenta Nacional de la Asociación de Funcionarios/as del Servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia (ANFUSEPNA), ha abordado diversas denuncias que han surgido en las últimas semanas, destacando graves problemas estructurales y falta de voluntad política en la implementación del servicio.
Desde el inicio del Servicio de Protección Especializada, los funcionarios han demostrado un compromiso ejemplar, trabajando incansablemente para restituir los derechos de la infancia vulnerada en Chile. Sin embargo, Berrocal señala que los problemas estructurales han obstaculizado el progreso esperado, afectando tanto a los modelos residenciales como a los ambulatorios. Estos problemas trascienden el trabajo diario de los funcionarios y funcionarias del servicio y los profesionales de los organismos colaboradores, revelando una falta de voluntad política para fortalecer los modelos residenciales y atender adecuadamente a niños con graves problemas de salud mental, consumo de sustancias y otras vulneraciones de derechos.
Blanca Berrocal enfatiza la necesidad de la participación intersectorial y orientaciones técnicas claras para una respuesta adecuada a las demandas de atención de las niñeces vulneradas. Berrocal señala que las autoridades gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de los Derechos de la Niñez, deben hacer cumplir con el mandato de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Esto implica actuar de manera coordinada para lograr un trabajo intersectorial efectivo.
Desde la creación del nuevo servicio, ANFUSEPNA ha solicitado la creación de modelos de atención en sistemas de cuidado alternativo residencial que respondan a las necesidades específicas de la infancia y adolescencia atendidos. Además, es fundamental incorporar criterios de responsabilización para aquellos niños que incurren en conductas infractoras de la ley penal. La demanda de atención para niños, niñas y adolescentes vulnerados sigue siendo altísima, con 43.299 casos en lista de espera al 30 de abril de 2024 para los diversos programas que actualmente están vigente en la oferta programática del servicio.
Berrocal subraya que los funcionarios han trabajado durante años con profesionalismo, empatía y compromiso en la restitución del derecho vulnerado en donde todo el intersector es responsable de la restitución de estos derechos. Sin embargo, son los funcionarios quienes han levantado la voz para que se escuche a la niñez y adolescencia vulnerada. Pidiendo incansablemente que se cumpla con la política pública y la Ley de Protección, reconociendo los avances logrados, pero señalando que no se ha avanzado con la premura, coherencia, recursos y apoyos necesarios para responder a la demanda actual.
La situación ha llegado a un punto crítico, con falta de orientaciones técnicas claras y modelos de atención coherentes que afectan la capacidad de los funcionarios para brindar un servicio adecuado. Y vemos con total preocupación que desde las autoridades han adoptado las políticas laborales de sancionar a funcionarios de la dirección nacional, de regiones y administraciones directas, ocultando las ineficiencias y deslindando responsabilidades en decisiones administrativas contrarias a sus deberes.
Berrocal, señala que el Poder Judicial también ha tenido una intervención insuficiente en la aplicación de la Ley de Garantías y Derechos a la Infancia y Adolescencia, al no dictar resoluciones judiciales que hagan exigibles por el imperio de la Ley las acciones de los distintos servicios gubernamentales. Hoy vemos con total preocupación que los problemas e improvisaciones que hemos vivido como servicio de protección especializada se está repitiendo en el proceso de traspaso del Servicio Nacional de Menores al nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil generando incertidumbre, al ver que repiten los errores del pasado, afectando la oferta y el clima laboral. El caso de nuestros colegas del servicio Reinserción social ante incumplimiento de los compromisos adquiridos en relación con grados y dotación de personal va en perjuicio directo a los adolescentes bajo cuidado estatal.
Es urgente que la Cámara de Diputados y Senadores, pero sobre todo el Presidente de la República, tome cartas en este asunto, ya que afecta a los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado. La presidenta Nacional de ANFUSEPNA, Blanca Berrocal Berrocal, manifiesta que todos estos problemas de implementación e improvisación ha generado un clima interno muy complejo, de ejemplo están la cantidad de denuncias levantadas por temas de maltrato, acoso laboral y sexual que ascienden al mes de febrero a 110 sumarios en curso, algunos de larga data, hoy vemos con preocupación la situación de la región de O’Higgins ante denuncia por acoso sexual contra una dirigenta de la región en donde se ha expuesto a la víctima constantemente a situaciones maltratantes.
Es inaceptable que el servicio, encargado de la protección de derechos, minimice este tipo de denuncias y no tome medidas adecuadas para proteger a las víctimas. La dirigencia de ANFUSEPNA manifiesta, que hemos solicitado una investigación sumarial en dicha región, y que directora nacional (s) tome medidas para abordar esta situación.
Otro ejemplo en esta materia es lo que está sucediendo en la región de Tarapacá en donde se solicitó un fiscal exclusivo para que abordase, las 11 denuncias por parte de funcionarios que se sintieron maltratados laboralmente y abuso de poder, invisibilizando su compromiso y labor, de estas, 5 se plasmaron en un solo protocolo, existiendo actualmente 02 funcionarias con licencia laboral bajo resolución de la ACHS de un total de 39 funcionarios en la región, en donde la autoridad sólo realizó un traslado a la dirección nacional de una de las personas que presuntamente estaría realizando dichos actos atentatorios contra los denunciantes, peor es que al día de hoy no hay un Fiscal definitivo que investigue, todo esto puesto en manos a través de una movilización de los funcionarios/as durante el mes de febrero de este año movilización realizada dado que estas denuncias estaban desde hacía varios meses antes presentadas. Denuncias por intentos de suicidio por parte de funcionarias por falta de respuestas, posibles conductas antisindicales en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Araucanía, Punta Arenas y Coyhaique son situaciones gravísimas que se están dando al interior del servicio de protección especializada. Estos son algunos ejemplos del clima interno que estamos sufriendo los funcionarios/as y que van en aumento por falta de respuestas oportunas y eficientes por parte de la autoridad. De todo esto nos nace la pregunta legítima de ¿cómo las autoridades pueden asegurar el resguardo de los derechos de las niñeces que están bajo nuestro cuidado, si no tienen la capacidad de cuidar precisamente a los que cuidan?
Además, Berrocal señala que existe una la falta de prolijidad en los procesos de arriendo de casas para las Residencias Familiares, en donde hoy se están responsabilizando a los funcionarios por la falta de una política interna clara. La inversión en inmuebles y gastos de habilitación han implicado sumas exorbitantes, demostrando la dilapidación de recursos fiscales y transgrediendo la normativa de austeridad y eficiencia en el uso de recursos públicos.
Los funcionarios del Servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia demandamos un verdadero compromiso con la infancia y un trabajo intersectorial que permita una atención adecuada a las niñeces vulneradas, estamos cansados a que se nos responsabilice a nosotros que los trabajadores y trabajadores por temas que son de responsabilidad de las autoridades, Berrocal a su vez comenta que con fecha 12 de junio del presente año hicimos llegar a la directora Nacional (s) una carta petitorio colocando a disposición de la autoridad todas nuestras observaciones y demandas las cuales todas están orientadas a mejorar la atención, de la cual aún no tenemos respuesta, solo un acuso de recibo.
Blanca Berrocal, enfatiza que es fundamental que el Estado cumpla con los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad administrativa consagrados en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Es imperativo que se garantice la protección y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, conforme a los tratados internacionales ratificados por Chile, como la Convención sobre los Derechos del Niño. La falta de políticas claras y coherentes, así como la improvisación en la implementación del servicio, vulnera estos principios y compromisos internacionales, afectando gravemente el bienestar de los niños, niñas y adolescentes sobre la eficiencia del servicio público.
No queremos volver a ser utilizados como campañas o eslogan político en tiempos de elecciones, queremos mejoras para una atención con un sentido real hacia la restitución de derechos.
Santiago de Chile, 22 de junio 2024
Crónica Digital
